El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas (Córdoba) y de Violencia sobre la Mujer ha dictado apertura de juicio oral, con jurado, contra el falso cura, en prisión provisional, y el abogado acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un varón con enfermedad mental, en la aldea cordobesa de La Chica Carlota en septiembre de 2017. Los dos procesados se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.
Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press tras adelantarlo el diario digital 'Cordópolis', la Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él las penas de prisión permanente revisable, o subsidiariamente, la pena de 25 años de prisión, así como cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.
Respecto del letrado, el Ministerio Público ha pedido cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa, a la vez que ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa sobre un tercer hombre, que el juez ha acordado. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.
Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato la pena de prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.
En concreto, Juan Carlos, de unos 45 años, soltero y sin hijos, "diagnosticado de esquizofrenia paranoide y perceptor de una pensión por incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo de unos 1.500 euros mensuales", en febrero de 2017 se puso en contacto con el letrado en cuestión, formalizando un contrato por 6.000 euros más IVA, "para ejercitar acciones judiciales por unos presuntos abusos sexuales sufridos en su infancia".
SUPUESTO ENCARGO DEL ABOGADO
El abogado, "conocedor la enfermedad mental que padecía, aprovechándose de esta circunstancia y sabedor de que no iba a interponer la denuncia encomendada, no obstante para justificar el dinero recibido, encargó a uno de los clientes de su despacho, al que tiempos atrás había asistido y defendido por su implicación en delitos de robo con intimidación en las personas, usurpación de estado civil y estafa, para que llevara a cabo la labor de investigador de los presuntos abusos sexuales", de modo que supuestamente lo puso en contacto con la víctima.
El auto recoge que por dicha gestión dicho acusado recibiría del abogado procesado "una cantidad de dinero que no ha quedado acreditada", resultando que el varón de La Chica Carlota, "en la creencia de que su letrado iba a realizar las gestiones encomendadas, realizó tres transferencias desde su cuenta a la del abogado entre marzo y junio de 2017". Así, transfirió unos 9.700 euros, una de las cantidades con la anotación "provisión de fondos para el investigador", sin que a la fecha conste que el letrado haya interpuesto la denuncia/querella encomendada por el cliente, ni haya devuelto el dinero a los familiares de éste, manifiesta el juez.
El falso cura, "tras varias conversaciones telefónicas" con el varón víctima, "para ganarse la confianza, se hizo pasar como abogado del Arzobispado de Madrid y vestido como un sacerdote, se desplazó a bordo de un vehículo alquilado en Madrid a la pedanía de La Chica Carlota para entrevistarse con él el 5 de julio de 2017, permaneciendo en su domicilio desde las 21,55 horas del día 5 hasta las 6,13 horas del día 6, visita que no pasó desapercibida en el vecindario por lo inusual de que un sacerdote al que no conocían, visitara el domicilio de una persona que llevaba una vida tan solitaria", a la vez que mantuvieron el contacto telefónico a lo largo del mes de agosto de ese año.
PRECIPITACIÓN DE LOS HECHOS
Tras la primera visita, el finado contactó con otro abogado, "lo que precipitó los acontecimientos y motivó que los acusados estuvieran en continuo contacto los días previos a su muerte, ultimando su plan criminal", según se precisa en el auto, en el que se apunta que "son aproximadamente 450 los SMS intercambiados entre ambos acusados entre agosto y noviembre de 2017, es decir, antes y después de acabar con la vida de Juan Carlos".
Así, el día 3 de septiembre de 2017, el falso cura se desplazó de nuevo a La Chica Carlota, "esta vez a bordo de un vehículo de su propiedad, igualmente vestido de sacerdote, permaneciendo en la casa desde las 14,07 horas del día 3 hasta las 5,00 horas, aproximadamente, del día 5, resultando que el número de teléfono de Juan Carlos dejó de tener actividad a las 11,02 horas del día 4 y otro móvil suyo dejó de tener actividad a las 14,01 horas de ese mismo día".
En el referido período de tiempo, el falso cura, "conocedor de la enfermedad mental de Juan Carlos, y aprovechándose de esta circunstancia, conocedor igualmente de la pensión que cobraba y de la escasa relación que mantenía con sus hermanos y en la creencia de que éstos no lo echarían de menos y por tanto no denunciarían su desaparición, terminó con su vida, estrangulándolo y asfixiándolo con una almohada".
"SUPLANTAR SU IDENTIDAD"
A continuación, según el relato del auto, presuntamente se apoderó de toda su documentación personal --como el pasaporte, certificado de empadronamiento, denuncias interpuestas por éste, calificaciones escolares, título de bachiller, certificados de cursos, certificado de bautismo, etcétera--, sus dos móviles, sus ordenadores portátiles, una impresora, su vehículo y sus dos tarjetas bancarias "para así suplantar su identidad, hacerse pasar por él y disponer de sus bienes".
El día 5 de septiembre, sobre las 5,00 horas, "una vez que había terminado con la vida de Juan Carlos", el acusado cogió su coche y lo aparcó en otra calle de La Chica Carlota, tras lo cual se dirigió a Córdoba con el coche de la víctima, dejándolo en el aparcamiento El Vial, regresando a continuación a la aldea.
Antes, el procesado fue a un cajero y utilizando la tarjeta de la víctima "realizó dos extracciones de 500 euros cada una". Una vez en La Chica Carlota, recogió su coche y se dirigió, nuevamente, a Córdoba, dejándolo estacionado en una calle para "posteriormente dirigirse a pie hasta el aparcamiento donde estaba el coche de Juan Carlos".
Al día siguiente, el acusado volvió a un banco y, "haciéndose nuevamente pasar por Juan Carlos, realizó con su tarjeta y en su perjuicio, una nueva disposición de mil euros". Ese mismo día, "con la irrevocable decisión de hacer desaparecer el cuerpo sin vida de Juan Carlos y suplantar su identidad, disfrazado como sacerdote, adquirió en una ferretería lo necesario para tal fin". Algunos de los enseres fueron encontrados en la casa de la víctima.
El acusado permaneció en la vivienda desde las 5,00 horas del día 7 de septiembre de 2017 hasta las 15,00 horas del día siguiente, "tiempo suficiente para cavar una fosa profunda en el patio de la casa y enterró el cuerpo".
Tras ello, solicitó un préstamo por 30.000 euros que le fue concedido en el mismo día. "Con el dinero obtenido se sometió a una operación de cirugía estética" en octubre de 2017 en Madrid, entre otras acciones que se detallan en el auto. Fue detenido en Madrid en enero de 2018. Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2018, se localizó el cadáver de Juan Carlos enterrado en el patio de su vivienda.
