CCOO ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno central medidas para garantizar el suministro de electricidad y gas en todos los hogares.
Más de cinco millones de personas viven en pobreza energética severa y el bono social solo llega a poco más de un millón de personasEn Sevilla, el Sindicato ha instalado mesas de recogida de firmas permanentes en su sede de la calle Cardenal Bueno Monreal. Además, durante las próximas semanas, colocará puntos en la capital hispalense, en centros de trabajo y en municipios de la provincia.
Asimismo, CCOO ha abierto un punto virtual para que la ciudadanía pueda firmar a través de la web pensionistas.ccoo.es.
El secretario general del Sindicato Provincial de Pensionistas de CCOO de Sevilla, Enrique Fernández Jaén, ha destacado la importancia de esta campaña “ante la imposibilidad por parte de muchos hogares de hacer frente al pago de los suministros energéticos, fundamentalmente luz y gas, o tener que destinar un porcentaje desproporcionado de los ingresos para pagar estos suministros”.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha señalado que “aunque el Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la situación, la pandemia de la Covid-19 y el aumento disparado de los precios de la energía en estos meses ha agravado aún más la situación. Más de cinco millones de personas viven en pobreza energética severa y el bono social solo llega a poco más de un millón de personas”.
Una situación de vulnerabilidad que, según el Sindicato, afecta sobremanera al colectivo de personas pensionistas, jubiladas y trabajadores con bajos ingresos que “tienen muchas dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, lo que acaba generando la posibilidad de sufrir enfermedades”.
Por todo ello, CCOO exige mediante esta campaña a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se revisen los criterios de acceso al Bono Social para que cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse a esta ayuda y crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores.
La campaña también pide la prolongación de la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables o la reforma del sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas y un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico.