El PP exige no pasar de curso con más de dos suspensos

El PP se ha propuesto reformar en profundidad el sistema educativo con dos premisas, mejorar la calidad y favorecer la competitividad, y así, aboga por evaluaciones externas hechas por el Estado y las comunidades, o por prohibir que un alumno de Bachillerato pase de curso con más de dos suspensos.

En su propuesta para la reforma del modelo educativo, que ayer presentó en Toledo el presidente del partido, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores De Cospedal, aunque sin desgranar con detalle su contenido, el PP incluso aborda cuestiones como Educación para la Ciudadanía, que elimina de Primaria, que retoca en Secundaria y que sustituye por Filosofía en Bachillerato.

El número uno del PP y su número dos han enumerado, en presencia de los ex ministros del ramo en época de José María Aznar –Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo– las premisas sobre las que guiar la reforma: garantía de que el castellano se imparte en toda España, que los profesores son autoridad y que la calidad del modelo actual hay que mejorarla.

Ayer mismo el PP trasladó la propuesta al titular de Educación, Ángel Gabilondo, con el fin de despejar el camino para un pacto de Estado, un objetivo que el líder de los populares considera imprescindible y en el que a su juicio “no hace falta” que se involucre el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A lo largo de 26 folios y con la firma de los consejeros de Educación de las comunidades en las que gobierna, el PP quiere, por ejemplo, que al final de cada etapa educativa de primaria y secundaria el Estado y las administraciones educativas en cada comunidad efectúen una evaluación nacional externa a todos los alumnos y a todos los centros.

La finalidad de la iniciativa consiste, según consta en el documento, en “comprobar el grado de adquisición de los conocimientos y competencias básicas” fijados por el Ministerio de Educación.

Estas evaluaciones pretenden, además, medir el valor que cada centro aporta al alumno, de manera que si uno de esos centros no se ajusta a los niveles medios “reiteradamente”, será objeto de una “intervención especial” por la administración educativa, en la que no obstante jugarán un papel fundamental las condiciones socioeconómicas de la población escolar.

El PP quiere así crear el entorno adecuado para que el alumno dé lo mejor de sí.

Dentro de un contexto de enseñanzas comunes hasta los 16 años que vertebren el sistema, lo que se erige en otra prioridad para los populares, los niños habrán de aprender lectura y cálculo desde el primer momento, así como lengua y matemáticas.

Traza dos ciclos: educación secundaria general, de 12 a 15 años; y educación secundaria superior, de 15 a 18; ésta última con una bifurcación más: el Bachillerato y la Formación Profesional, que el partido de Mariano Rajoy desea potenciar.

El PP, asimismo, no está conforme con el funcionamiento del Bachillerato, por lo que aboga por ampliarlo de dos a tres cursos y por exigir la imposibilidad de que un alumno en esta etapa pase de curso con más de dos suspensos.

Si tuviera dos asignaturas por debajo del aprobado justo, un informe favorable podría permitirle pasar al siguiente.

También aboga por mantener la prueba final del Bachillerato y previa al acceso a la Universidad, planteada en concordancia con los países de la UE.

Si en su documento propone motivar a los profesores, hace lo propio con los alumnos, especialmente en Bachillerato, y de este modo, ofrece que se les den becas para cursar lenguas extranjeras fuera de España. Para ello, será fundamental el reconocimiento del mérito, del esfuerzo y del espíritu de superación.

Los que procedan de familias más desfavorecidas podrán tener “becas-salario” para continuar los estudios de Formación Profesional, si ésta es la vía que eligen.

El PP incluye en su texto la posibilidad de lanzar mensajes institucionales que incidan en la importancia de conseguir buenos resultados académicos.

Al igual que los alumnos, se premiarán las buenas prácticas de los profesores, a los que se les protegerá con un estatuto de la función pública docente.