La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a concurso por 32,5 millones de euros la fabricación y adquisición de seis trenes para el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Este contrato, que incluye la fase de prueba de cada uno de estos nuevos trenes, supone "un paso decisivo" para la puesta en servicio del tranvía, infraestructura en la que en el último año ya se han iniciado las obras de reparación de los daños por vandalismo, robo y expolio, valorados en 4,3 millones de euros, además de la redacción de los proyectos de talleres y cocheras y de los servicios de electrificación.
Las empresas interesadas en la fabricación de los seis trenes del tranvía de Alcalá de Guadaíra tienen hasta el 2 de noviembre para presentar sus ofertas para un contrato que está cofinanciado por los fondos europeos Feder, ha apuntado la Junta en una nota de prensa este viernes. "Nos encontramos un tranvía en vía muerta y ahora está plenamente resucitado, con una contratos encaminados hacia un único objetivo: su puesta en servicio", ha afirmado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que ha cuantificado que, en sólo un año, se han movilizado más de 47 millones de euros en esta infraestructura.
La consejera ha indicado también que este contrato de compra de los trenes es el de mayor cuantía de los que se van a sacar para la finalización del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que "por fin, empieza a divisar la luz al final del túnel tras más de dos décadas plagadas de paralizaciones e incertidumbres". Con este contrato, se fabricarán y adquirirán seis trenes, cinco que estarán en servicio y un sexto que estará en talleres y cocheras, para poder prestar un servicio sincronizado con la línea 1 del Metro de Sevilla --con el que conectará en la estación de la Universidad Pablo de Olavide-- y con una previsión de frecuencia de paso de nueve minutos.
Además del suministro de estos trenes, la adjudicataria también asumirá la realización de las pruebas y ensayos en fábrica sobre materiales, equipos y el material móvil, así como las pruebas en blanco (sin viajeros) de las unidades fabricadas. Igualmente, formará al personal de explotación (conductores) y mantenimiento de los trenes y suministrará las piezas de parque, repuesto y herramientas especiales necesarias para alcanzar los niveles de disponibilidad exigidos para su explotación durante un periodo de cinco años. Por último, se responsabilizará del mantenimiento integral de la flota durante un periodo de garantía de dos años.
Igualmente, se encuentra en redacción el proyecto constructivo de talleres y cocheras del tranvía por medio millón de euros, y el proyecto de construcción del sistema de electrificación y sistemas ferroviarios (señalización, ayuda a la explotación, comunicaciones, control, seguridad, información al viajero, billetaje, cronometría y puesto de control centralizado) por cerca de un millón de euros. Además, ha salido a concurso el contrato de asistencia técnica para finalizar las obras del tranvía con un presupuesto base de licitación de 8,9 millones de euros.
La reanudación de las obras ha sido posible gracias a que la Consejería de Fomento obtuviera la catalogación de Gran Proyecto, siendo el único en España declarado por la Comisión Europea para el actual marco. De esta manera, la Junta ha recuperado 88 millones de euros de financiación europea, con lo que, además, se ha conseguido evitar la pérdida de 121 millones que ya habían sido invertidos en el proyecto. El tranvía es un proyecto que se remonta a hace más de 20 años. Se concibió para comunicar a través de 12,5 kilómetros la estación Pablo de Olavide del Metro con el casco urbano de Alcalá de Guadaíra. Se paró en 2011 "bajo el argumento de la crisis económica", se volvió a reanudar en 2015 y, de nuevo, se paralizó en 2018.
En este contexto, la Comisión Europea retiró la financiación en febrero de 2019 ante las "dudas generadas" en torno al proyecto. Los responsables de la Consejería tomaron la decisión de retirar el proyecto en mayo de 2019, empezar de cero y presentar un proyecto nuevo, que sí logró el visto bueno de la Comisión Europea. Los parones han supuesto un sobrecoste de 7,2 millones de euros.
