Esta muerte jurídica de Torraspapel Algeciras llega en un momento en el que las negociaciones arbitradas por la Junta de Andalucía para reindustrializar los terrenos parecen llegar a su recta final, con dos empresas, la papelera británica LPC y la firma valenciana Grupo Alonso, destacadas en la carrera no sólo por volver a reactivar la actividad industrial en la parcela, sino en volver a dar trabajo a los 97 trabajadores que esperan una respuesta.
El pasado viernes, se despedía el personal de limpieza, que aún se encontraba realizando labores dentro de la fábrica, como comentaba el representante de los ex trabajadores, Antonio Delgado. El portavoz manifestaba que también ha permanecido hasta el último momento el jefe de mantenimiento, quien no obstante no estaba afectado por el ERE, con lo que cubrirá las necesidades de personal en otro destino.
Los sentimientos de los 97 ex empleados a estas alturas son contradictorios. Delgado reconoce que el colectivo pasó sus peores momentos a principios de este año, tras meses sin obtener nuevas noticias sobre las negociaciones con LPC, la que hasta entonces parecía ser la firma que tenía con todas las papeletas para reindustrializar la zona.
A mediados del pasado mes de enero, la entrada en juego del Grupo Alonso reavivó el interés mediático por el caso Torraspapel. Onda Algeciras y EL FARO INFORMACIÓN adelantaban el interés de este grupo valenciano por los terrenos, con una oferta que implicaba 30 millones de euros y un centenar de puestos de trabajo para los ex empleados de la papelera, incluyendo un plan de reciclaje de los mismos, dado que Grupo Alonso pertenece al sector portuario.
Incertidumbre
A finales de enero de 2009, empresa y trabajadores acordaban la puesta en marcha del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa meses atrás, que afectaba a unos 400 trabajadores (146 de ellos de Algeciras). Este expediente suponía el cierre de las fábricas de Algeciras y Amorebieta (Vizcaya).
El acuerdo implicaba el compromiso de la empresa de buscar a otra compañía que se encargase de reindustrializar los terrenos y rehabilitar a los 97 trabajadores no prejubilados ni trasladados a Motril.
Antes, el 7 de enero del pasado año, este diario adelantaba el interés de la empresa LPC por los terrenos. Con el tiempo se llegó a afirmar que esas negociaciones estaban sólo pendientes de firma, aunque fuentes de la empresa aseguraban a este diario que los contactos con LPC se habían descartado ya antes del ERE extintivo. El propio director de marketing de la papelera decía en estas líneas el 27 de octubre de 2009 “no existe ninguna negociación abierta con esta compañía”.
Entre finales de febrero y principios de marzo comienza a aplicarse el expediente. Después de varias concentraciones ante la Subdelegación del Gobierno, cortes en la autovía y reuniones varias con el representante autonómico en la comarca, Rafael España, los ex trabajadores lograban, ya el 18 de enero de 2010, reunirse con la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Angelines Ortiz, quien les puso al día de la marcha de las negociaciones, detallando las ofertas de las dos principales candidatas, LPC y Grupo Alonso, y manifestando que había otras ofertas sobre la mesa.
El secretario comarcal de UGT, Ángel Serrano, saludaba estas ofertas como una muestra del interés que mostraban las empresas de fuera por invertir en la comarca.
Ayer, declaraba a EL FARO INFORMACIÓN que, “por lo que me llega de última hora, las negociaciones van bien” aunque reconoce que para él es también un misterio cuándo saldrá a la luz el nombre del mejor postor. Serrano quiso destacar “el trabajo desarrollado por nuestros compañeros del comité en estos meses, así como por Angelines Ortiz, que ha empujado muchísimo para que las negociaciones avancen”. Asimismo, incidió en que “lo importante es que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo”.
Baile de nombres
Antonio Delgado restó importancia a la muerte jurídica de la fábrica algecireña tras 40 años -a los que habría que sumar su anterior etapa como la empresa independiente Celupal, un nombre jurídico que sin embargo mantuvieron hasta 1996, a pesar de que ya llevaban 30 años ligados al grupo catalán-.
Finalmente, se convirtió en “centro de trabajo” de Torraspapel SA, y ahora, la extinción del ERE acaba también con esta persona jurídica.
Para Delgado, “la muerte de la empresa ya se rubricó cuando se acordó entre el comité y la empresa las condiciones del ERE”. El sentido de poner un plazo al expediente implicaba que “si llegado el 28 de febrero, hubiesen quedado trabajadores a los que no se hubiese aplicado el expediente, ya no hubiesen podido hacerlo”.
El portavoz de los empleados cree que “con la reunión con la delegada se produjo un cambio de inflexión”, hasta el punto de que el 19 de enero la asamblea de trabajadores ratificó el apoyo a la forma en que se estaban realizando las negociaciones.
Para los ex empleados, la posibilidad de que un grupo de actividades portuarias se haga con los terrenos, como es el caso del Grupo Alonso, no es un problema, ya que priorizan el hecho de poder trabajar con el trastorno que supone un reciclaje formativo.
Durante todo este proceso de incertidumbre, Delgado destacó el papel de los ex trabajadores prejubilados, “que ya no se juegan nada aunque siempre nos acompañan”.
