Estas medidas, recogidas en la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible, incluyen la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura cuya misión será la “mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”.
La Comisión, cuya creación ha sido muy criticada por las organizaciones de internautas, será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.
Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente, aunque no se cerrará ni bloqueará ninguna página web sin que exista una orden judicial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional será la que centralice las denuncias en este ámbito y el juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.
Está previsto que la Ley de Economía Sostenible inicie el trámite parlamentario la semana que viene, a la espera de que el Consejo de Estado emita su informe sobre la misma, lo que ya han hecho otros órganos consultivos.
En paralelo, una subcomisión parlamentaria ha estudiado en los últimos meses la pertinencia de reformar la Ley de Propiedad Intelectual y en sus conclusiones, ha instado al Gobierno a que realice “los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”.
