Pedro Custodio señaló que se esperaba el archivo de su expediente porque “están los informes del Comisión de Control”, que se realizan “cada seis meses”, los cuales siempre han pasado sin que se hallara irregularidades en su gestión, tal y como se observa en el informe que emitió el pasado mes de febrero.
De hecho, Custodio confirma que ha presentado una denuncia en los juzgados de Cádiz “por robo de documentación”, en relación a las facturas y otros documentos con los que cuentan los denunciantes, alguno de los cuales, dos concretamente, formaban parte de su Ejecutiva Provincial, mientras que otros formaban parte del grupo que se presentó como alternativa a la Secretaría General del sindicato en la provincia.
Y es que tal y como recuerda el propio Pedro Custodio, en la asamblea que se celebró el 18 de septiembre del pasado año en Los Barrios, el 66 por ciento de los afiliados votaron a favor de aprobar su gestión y también se alzó con la victoria para ser reelegido como secretario general de UGT en la provincia, porque para él “lo importante es que este puesto se tiene que ganar en las urnas porque somos un sindicato democrático”.
Este medio también se ha puesto en contacto con varios sindicalistas que forman parte de los 118 afiliados que denunciaron a su secretario general en la provincia, pero ninguno quiso realizar ningún tipo de declaraciones hasta que no concluya el proceso interno que dé una resolución a la denuncia presentada, aunque sí confirmaron la interposición de un recurso contra el archivo de la denuncia resuelto por la Comisión de Garantía Confederal.
“Gastos para repostar gasolina, chat privados, accesos a contenidos Premium de multimedia, cita a ciegas, e imágenes de Play Boy, así como gastos en bares de copas, marisquerías, restaurantes de alto nivel, hoteles”, son las facturas y las razones que esgrimen los más de un centenar de denunciantes que añaden en su escrito que estos gastos se han llevado a cabo “tanto en días laborables como en festivos, dentro y fuera de la provincia de Cádiz, cuyos importes se cargan a la UGT y que chocan estridentemente con la situación de crisis que venimos padeciendo y que se ceba especialmente con la provincia de Cádiz que cuenta con más de 170.000 desempleados”.
Cronología
Esta confrontación aunque se gestó durante años, tomó fuerza tras el Congreso Provincial de la UGT celebrado en Los Barrios en septiembre de 2009. Meses después, concretamente el 3 de diciembre de 2009, la citada Comisión de Garantías Confederal registró un escrito-denuncia a manos de 118 miembros de la UGT contra Pedro Custodio Fernández, admitiéndose la denuncia a trámite ese mismo día. El 15 de enero del presente año se nombran los representantes de los 118 afiliados que firman la denuncia y el 28 de enero la Comisión de Garantías Confederal lleva a cabo un acto de conciliación que concluye sin acuerdo por ambas partes.
El 4 de marzo de 2010, la Comisión convoca a los testigos y a las partes para vista del expediente, tomándose declaración de los testigos. El 18 de ese mismo mes, se registran los correspondientes escritos de alegaciones y este mes de abril, la Comisión decide archivar la denuncia por falta de pruebas.
supuesto abuso de confianza
La denuncia está basada en un supuesto “abuso de confianza en el desempeño de sus funciones” por parte de Pedro Custodio y en un posible fraude y utilización dolosa de los recursos del sindicato, “todo esto soportado en una documentación extensa” que presentan los denunciantes entre facturas de móviles, ticket de comidas y de gasolina, etc, pero esta Comisión de Garantías Confederal no obvia que “la contabilidad ha sido certificada positivamente por la Comisión de Control Económico de Andalucía en todos sus dictámenes, e incluso en el último y reciente Congreso se aprobaron las cuentas de UGT de Cádiz” aunque “esta consideración no se puede calificar como ‘ley de punto y final”.
La citada Comisión en su informe deja también un recado para el denunciado y manifiesta que “efectivamente puede considerarse que hay ciertos gastos en UGT Cádiz de difícil respuesta desde el ámbito estrictamente sindical que deberían haber sido controlados e investigados por los órganos responsables”.
