La antigua amante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el 'caso Mediador', comparecerá a las 10.00 horas del próximo viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en calidad de testigo, como parte de las pesquisas sobre esta presunta trama de cobro de mordidas a cambio de favores políticos que tendría en el epicentro al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.
Ese mismo día, la jueza instructora Ángeles Lorenzo-Cáceres interrogará también como testigo al empresario Luis Monzón, del Grupo Lopesan, que también tendría relación de amistad con el general imputado.
Según el sumario de la causa, el general Espinosa llegó a pedir al 'mediador' de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y a otro empresario que contrataran a su amante por 3.000 euros al mes para que desempeñara labores administrativas.
Por su parte, Monzón habría sido una de las personas a las que Espinosa contactó para que otros imputados se abrieran camino en sus negocios en Canarias. En su declaración judicial, Espinosa indicó que habría realizado gestiones para que empresarios importantes de Canarias se reunieran con Antonio Bautista --empresario también investigado-- para intentar colocar placas solares en sus negocios.
Una de esas empresas era el grupo hotelero Lopesan, si bien el general explicó que no llegaron a buen puerto y que él solo hizo las presentaciones porque quería que Bautista le diera trabajo tras la jubilación. "Por eso me esforcé en intentar que él se entrevistara con personas del grupo Lopesan, pero no impulsé la contratación obligando a nadie", añadió.
Así, estas dos declaraciones testificales girarán en torno a la figura de Espinosa, el único imputado en la causa que permanece en prisión provisional a la espera de que concluya el análisis de sus dispositivos electrónicos y de sus cuentas bancarias.
En este caso se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general, 'Tito Berni', el sobrino del ex diputado socialista Taishet Fuentes Gutiérrez y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte que se habría dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos.
De acuerdo con los investigadores, la trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".
Las pesquisas señalan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".