Alrededor de un centenar de funcionarios de la Administración de Justicia se concentró en la mañana de este jueves a las puertas de la sede central en el barrio de Teatinos, para retomar las protestas y movilizaciones que comenzaron el pasado 17 de abril, y que fueron suspendidas coincidiendo con la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio, y por la entrada en funciones del equipo del Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop.
En este caso, la concentración solo estuvo respaldada en Málaga y en el resto de ciudades de Andalucía por el sindicato SPJ-USO, una de las cinco organizaciones que a nivel nacional secundaron la huelga antes del verano, para reclamar un aumento salarial, la concreción de las funciones dentro de las oficinas judiciales correspondientes a cuatro cuerpos de Justicia (gestores, médicos forenses, tramitadores procesales, y auxilio judicial), y la negociación de la ley de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Este proyecto legislativo se vio paralizado tras la disolución de las Cortes Generales el pasado junio, y el equipo de la ministra Llop interrumpió la negociación con los representantes de los funcionarios, para buscar una salida a este conflicto, a la espera del resultado electoral y la constitución de un nuevo Ejecutivo central.
Representantes sindicales de SPJ-USO recordaron el derecho de los cerca de 9.000 funcionarios de Justicia de Andalucía (unos 1.900 en Málaga) de tener una subida salarial, al igual que se ha hecho mediante negociación con asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración (LAJ), con importes acordados que oscilan entre los 430 y 450 euros brutos al mes.
El pasado 3 de octubre, el Gobierno fijó las normas para hacer efectiva la subida de estos cuerpos superiores, con un desembolso gradual que se prolongará hasta diciembre de 2024.
"Se consuma de esta forma la discriminación dentro de la Administración de Justicia. Los que más cobraban antes, ahora cobrarán más aún y el resto seguimos perdiendo poder adquisitivo en nuestros salarios, debido a la desbocada inflación que supera ampliamente el pírrico porcentaje de subida salarial anual", recordó Alfonso Justicia, delegado de SPJ-USO en Málaga.
Este sindicato reclama una subida retributiva proporcional a la de los cuerpos superiores jurídicos, así como la eliminación de los aspectos más negativos del proyecto de LOEO, referidos a la movilidad entre los órganos jurisdiccionales.
"Con esta forma clasista de actuar de nuestra ministra, además se fractura la proporcionalidad salarial entre los distintos cuerpos y se agranda la brecha retributiva para un 85% de todos los que trabajamos en Justicia", señala SPJ-USO en un comunicado. En toda España, son unos 45.000 funcionarios los afectados por esta negociación.
POSIBLE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 2024
Ante la posibilidad de que los Ministerios de Hacienda y de Justicia hayan establecido una partida presupuestaria para dar una respuesta a las demandas de los funcionarios, USO ha pedido a los empleados públicos que "no se crucen de brazos, demuestren firmeza y determinación", después de meses de protestas y huelga, con la intención de presionar al futuro Gobierno central con nuevas movilizaciones, para que se siente a negociar en una mesa con los representantes sindicales.
Además de esta reclamación, los trabajadores de Justicia en Andalucía han vuelto a reclamar a la Junta, que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, la devolución de las pagas extras (5% salarial anual) correspondientes a los ejercicios del 2013 y 2014, que les fueron retraídas con motivo de la crisis de 2012 y de la falta de liquidez de las administraciones públicas españolas.
Estos importes representan de media más de 2.500 euros por trabajador, y han sido abonados ya por todos los Gobiernos autonómicos, a excepción de Andalucía, que se comprometió a finales de 2018 a pagarlos.
