Con 176 votos en contra (PNV,CC y PSOE), 169 votos a favor del resto de la Cámara y ninguna abstención, las enmiendas de devolución del proyecto de ley fueron desestimadas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, durante su intervención en el debate de totalidad, afirmó que ya que ni el consumo ni la inversión pública contribuirán a un crecimiento económico a corto plazo, las reformas estructurales son más necesarias que nunca.
Salgado subrayó la importancia de esas reformas estructurales por su capacidad para mejorar la competitividad y aumentar el potencial de crecimiento, pero también por su impacto inmediato en la confianza de los agentes económicos, "como bálsamo para los mercados financieros".
En noviembre de 2009 el Gobierno aprobó el anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible, con el que quería reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas.
Con esta ley, el Ejecutivo pretende que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles.
Uno de los principales objetivos que se marcó esta ley fue establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable con bajo nivel de cargas administrativas.
Por ello el Gobierno planteó limitar la composición de los organismos reguladores -Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- a un presidente y cuatro consejeros.
También propuso que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.
Además de otras cuestiones, en materia fiscal se anunció la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y en vivienda, la limitación, a partir de 2011, de la deducción por compra a las rentas inferiores a 24.107,20 euros.
