Una parte importante de los empleados de la Administración de Justicia, los funcionarios, a través de su representación sindical, ha esperado apenas 24 horas para trasladar al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, cartas en las que le recuerdan que su conflicto laboral (que comenzó el pasado 17 de abril con su antecesora Pilar Llop) sigue abierto, y que la única tregua dada en las movilizaciones ha sido coincidiendo con la campaña electoral y el proceso de formación del nuevo Ejecutivo central.
Y es que el departamento que acaba de asumir, el también ministro de la Presidencia, no solo tiene en la trastienda inmediata la tramitación de la ley de Amnistía y su "afinamiento jurídico" con las dos formaciones independentistas, o la renovación del Consejo del Poder Judicial (con más de 80 cargos en audiencias y tribunales superiores pendientes de nombramiento), sino la reclamación de un incremento salarial para los 45.000 funcionarios españoles de cuatro cuerpos (unos 1.900 en la provincia de Málaga y más de 9.000 en Andalucía), en la misma línea que se efectuó en marzo y mayo a los antiguos secretarios judiciales (LAJ), y a los jueces y fiscales.
En su escrito, el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) recuerda a Bolaños que su antecesora, Pilar LLop "le ha dejado en herencia un conflicto" con los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, "que le va tocar a él solventar y que esperamos que lo haga de una forma justa y ecuánime con los obreros de la Administración de Justicia".
Para SPJ-USO, el aumento salarial que se pactó este año entre el equipo de Llop y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (LAJ), fue "un ejercicio de clasismo, de contentar y pacificar mediante los oportunos acuerdos retributivos (y de paso a sí misma)". En estos casos, el anterior equipo ministerial acordó subidas salariales graduales hasta finales del 2024 de entre 450 y 430 euros mensuales brutos.
Debe saber el señor Bolaños que nuestro colectivo no va a cejar en su empeño de conseguir un acuerdo que ponga fin a las justas reivindicaciones que nos llevaron a convocar huelga desde el pasado 17 de abril hasta el 21 de Julio", dice SPJ-USO.
Entre la reclamaciones al nuevo responsable de la cartera de Justicia está una actualización de las retribuciones de forma proporcional al incremento pactado con LAJ, jueces y fiscales, y el reconocimiento de la asunción de las funciones y responsabilidades que derivan de la próxima entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya tramitación parlamentaria fue paralizada por las elecciones generales.
"El nuevo ministro ha de ser muy consciente de que la Administración de Justicia no puede funcionar sin los 45.000 funcionarios/as que componemos el 85 % del personal que trabaja en la misma, y que no es muy social ni progresista subirle el sueldo solo al 15 % de la élite judicial y fiscal y olvidarse de los que tramitamos y gestionamos a diario los miles de expedientes que colapsan nuestra Administración", concluye USO.
NUEVO MINISTRO, VIEJO CONFLICTO
Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), primera fuerza sindical en las pasadas elecciones a representantes en Málaga, donde preside también la Junta de Personal, se ha dirigido por carta al nuevo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que le pone de manifiesto que el conflicto continúa abierto. Le insta por ello a buscar una "solución urgente" con el resto de sindicatos (CSIF, UGT y CC OO), con los que convocaron la huelga.
En dicha misiva recuerdan a Bolaños que algunos proyectos que afectan de forma directa a las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, han sido gestadas sin haber procedido a la obligatoria negociación colectiva con los sindicatos.
STAJ considera que el "desinterés mostrado para darle solución hasta ahora por parte del Ministerio", ha supuesto "un desprecio al que se ha sometido a los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia de todo el Estado".
Reprocha que el anterior equipo de Pilar Llop "a otros colectivos -los mejor retribuidos-, les han reconocido incrementos salariales muy sustanciosos", lo que, a su juicio, "son la causa de que aún sigamos con el conflicto abierto".
Para esta organización sindical, el Ministerio debe paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
Exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que "realmente realizan todos los cuerpos funcionariales" (gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial), "eliminando la acumulación en el Cuerpo de Letrados judiciales de aquéllas funciones que finalmente realizan los cuerpos generales".
Los sindicatos de funcionarios reclaman un incremento del Complemento General del Puesto para todos los cuerpos generales y especiales (médicos forenses), y en todos los ámbitos territoriales (transferidos o no transferidos), de entre 430 y 350 euros mensuales, según las categorías, y la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1.
