La Junta invierte al día en dependientes 2,5 millones

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, quiso ayer poner en valor el trabajo que realizan las empresas de economía social para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, unas prestaciones en las que la Junta de Andalucía invierte 2,5 millones de euros diarios y que generado más de 45.000 empleos en toda la Comunidad.

Durante la inauguración del Congreso Andaluz de Calidad e Innovación Social, organizado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta), Navarro incidió en varias ocasiones la importancia de las empresas de economía social en la prestación de estos servicios con calidad, al mismo tiempo que generan empleo.

De hecho, destacó que su departamento invierte 2,5 millones de euros diarios en la atención a las personas en situación de dependencia y en los presupuestos de este año se prevé un aumento del 7,5% para esta partida, con una inversión inicial de 849,2 millones de euros. Eso sí, quiso dejar claro que “si no fuera un derecho” establecido por Ley, “el presupuesto hubiera sido diferente”, de ahí la importancia de garantizar el cuarto pilar del Estado de Bienestar que, confesó, no estará completo hasta que la Ley no se desarrolle al completo.

Sobre las empresas de economía social, Navarro quiso incidir en el principio del voluntarismo con el que se iniciaron estas prestaciones pero que se han conformado como un importante yacimiento de empleo. Desde que se pusiera en marcha la Ley, en Andalucía se han creado más de 45.000 empleos relacionados con la dependencia, lo que representan el 14% de los generados en la región, frente al 7% a nivel nacional.

En su intervención ante las empresas de economía social reconoció que “queda mucho por hacer y por mejorar”, sobre todo en la profesionalización del personal -destacó que no se puede “excluir” al personal de siempre sino que se va a dar un plazo de adaptación para que acrediten sus capacidades, los planes de calidad referidos a la atención del dependiente y aquellos aspectos relacionados con las contribuciones de los usuarios y la adaptación del precio de cada uno de los servicios, entre ellos los centros de estancia diurnas, los menos demandados y cuya inversión es mayor que una prestación económica.

Según Navarro, el dictamen del trabajador social debería ser determinante a la hora de fijar las prestaciones del usuario, aunque resaltó el esfuerzo de su departamento por compatibilizar ayudas, reducir las prestaciones económicas y hacer cambiar “la cultura del cuidado”, que ejemplificó afirmando que si llevamos a un familiar a un hospital cuando está enfermo para que reciba la mejor atención sanitaria, también debe ser lo mismo cuando se traslada a cualquiera de los servicios de atención a la dependencia.

Por su parte, las empresas de economía social, especialmente las del ámbito sociosanitario, quisieron poner en valor su esfuerzo por prestar servicios de calidad, innovando y buscando la viabilidad pero “con dignidad”. “No queremos ser iguales”, afirmaban cuando explicaban que hacía las cosas “de otra forma, sin poner el céntimo del lado de las personas con dependencia”.

Aprovecharon la presencia de la consejera para pedir a la Junta que incluyan cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos públicos que promueva la Administración andaluza, al considerarlo como un elemento de revalorización de estas empresas frente a las que no cumplan estos criterios, aunque Navarro afirmó que los pliegos están condicionados a la Ley estatal de contratación pública

Para ello esperan que se incluyan “criterios como el compromiso social, la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la asunción de la perspectiva de género”, para impulsar la profesionalización del sector.