En un acto político en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), una población del extrarradio barcelonés con gran proporción de inmigrantes, Sánchez-Camacho se fotografió mostrando este contrato.
Sánchez-Camacho, que desde hace semanas hace de la inmigración uno de los asuntos prioritarios de su discurso político, recordó las características de este contrato de integración planteado por Rajoy.
En este sentido, emplazó a los inmigrantes a “cumplir” la legislación vigente, a “respetar los valores” de la sociedad catalana y española, a “aprender las lenguas oficiales de Cataluña” y a regresar a su país si, pasado un período de tiempo que no ha precisado, se quedan “sin trabajo o no tienen oportunidad de ganarse la vida”.
De esta forma, Sánchez-Camacho, que defiende que no puede haber la misma política de inmigración en tiempos de bonanza que en los de crisis, continúa poniendo el foco sobre la inmigración.
En su programa electoral, el PP catalán no menciona específicamente este contrato, aunque sí insiste en que hay que “fomentar que los inmigrantes que deseen establecerse en Cataluña, se comprometan a aceptar y asumir nuestros valores constitucionales, a cumplir nuestras leyes, a aprender alguna de nuestras lenguas y a pagar sus impuestos y cotizaciones sociales”.
En este contexto, avisa de que el PP catalán garantizará que “una mayor inmigración no vaya en perjuicio de las becas, ayudas y servicios que nuestros ciudadanos reciben”.
Por ello, este partido promete “establecer como requisito para acceder a determinadas ayudas sociales, a excepción de los servicios básicos, la residencia de larga duración”.
Asimismo, el PPC se propone “generalizar en nuestras escuelas los espacios de bienvenida educativa para que los alumnos inmigrantes puedan incorporarse a nuestro sistema educativo con las garantías educativas y sociales de que podrán progresar en el aula y que no retrasarán los avances de los demás alumnos”, asegura en su programa.
^Por su parte, la portavoz de la Asociación de Ayuda Mútua de Inmigrantes de Cataluña (AMIC-UGT), Janet Vallejo, afirmó que el contrato de integración propuesto fomenta un modelo de sociedad “xenófobo y discriminatorio”.
