Y es que el planteamiento de la Junta de Andalucía, amén de contemplar el pago del IBI de los embalses, “como ya se temía y denunció Feragua”, incluye también una revisión de los criterios que hasta ahora se venían usando en la interpretación de las diferentes partidas del canon. El resultado, “que la administración andaluza quiere prácticamente triplicar los impuestos a los regantes del Campo de Gibraltar y del Barbate, y duplicárselos a los del Guadalete”, según alertan desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
La “injusticia con el regadío gaditano se hace mayor si se tiene en cuenta que, al margen de la introducción del IBI, en otras cuencas, como el Guadalquivir, o el Tinto, Odiel y Piedras, el canon se ha mantenido en niveles similares, algo que hace la propuesta, además de abusiva, completamente discriminatoria con respecto al resto de Andalucía”, comenta el secretario general de Feragua, Pedro Parias.
Este planteamiento llega al regadío después de que la administración andaluza hubiera renovado durante cinco años (desde 2005 hasta 2010) el último canon aprobado antes de la transferencia por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “en una muestra evidente de su incapacidad y del desgobierno que ha presidido la gestión del agua en Andalucía desde la asunción de competencias por parte de la Junta”. Se trata por tanto de la primera propuesta de canon para el regadío gaditano que realiza el Gobierno andaluz, y “la primera ha sido en la frente”, explica Pedro Parias, para quien se trata de “un planteamiento inasumible, insensible y hostil con un sector endeudado por la modernización, y castigado por la crisis económica y agrícola, así como por la subida de la factura eléctrica”.
Pedro Parias estima que la administración hidráulica andaluza “se está quitando la careta” y está mostrando sus verdaderas intenciones con la nueva Ley de Aguas, que no son otras que “ampliar el margen discrecional de la administración, restar participación a los usuarios, y, sobre todo, subir los impuestos”.
