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Ecologistas denuncia un chiringuito con sótano de hormigón en la Playa del Castillo

El colectivo asegura que excede en metro la legislación actual y que no puede tener sótano y que se excede en tamaño

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Edificación en marcha.

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  • La denuncia se ha dirigido tanto a la Junta de Andalucía como a la Demarcación del Costas del Estado
  • Acusa al ejecutivo andaluz de “estar abusando de sus competencias en la gestión de las playas”
  • Exigen a Costas “más rotundidad” y la obligación de que todos los proyectos autonómicos en línea de costa deban ser supervisados por el Estado

Ecologistas en Acción ha presentado denuncia ante la Junta de Andalucía y ante la Demarcación de Costas contra la construcción de un chiringuito con sótano de hormigón en la Playa del Castillo de Fuengirola (Málaga).

Desde la federación malagueña de la asociación conservacionista han advertido sobre la “proliferación” de chiringuitos con sótanos de hormigón en distintos puntos de la localidad de la Costa del Sol, que están “construidos en pleno Dominio Público Maritimito Terrestre” y que, a su juicio, “están incumpliendo las previsiones de la nueva legislación de la ley de Costas”. De hecho, ha cargado en su denuncia contra las obras del chiringuito Bikini Beach en la playa del Castillo que “está construyendo un sótano de hormigón”.

Ecologistas denuncia que este chiringuito tendrá una superficie total de construcción permanente de 440 metros cuadrados con sótano de hormigón, según el proyecto publicado en su web por Alberro Arquitectos, pero además, “se realiza a escasos metros de la zona de protección del entorno arqueológico del Castillo de Fuengirola”.

Entre sus argumentos normativos Ecologistas en Acción se refiere  a lo previsto en el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modificaba el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre que ahora con esta obra “se contraviene” porque la norma supuso una reforma que incluye importantes cambios en la normativa que afecta a la línea de Costa y a los chiringuitos ya que especifica que la ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, como los chiringuitos en playas naturales, “no excederá de 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada”. Además, argumentan que “estas instalaciones deben ser de temporada y desmontables en todos sus elementos y que la distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros”. 

El colectivo ecologista recuerda que también se establece que las ocupaciones previstas para los tramos urbanos de las playas “podrán disponer de instalaciones destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas”, una superficie a la que “se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito".

Se trata, aseguran de previsiones normativas que “se incumplen en muchas playas de Málaga y es especialmente grave en aquellas como la de Fuengirola ya muy masificada” ya que en esta ocasión, “el chiringuito Bikini Beach, que tendrá una superficie de 400 metros de una sola planta y un sótano de hormigón, además de la cercanía al complejo arqueológico del Castillo de Fuengirola, es claro que no cumple con lo establecido en la Ley”.

Abuso de competencias

Para la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción la Junta de Andalucía “ha estado abusando de sus competencias”, una afirmación que justifican “ya desde el traspaso de éstas en el año 2011 en la gestión de las playas, mercantilizando la playa a niveles muy peligrosos”.

Asimismo, la organización asegura que echa en falta una “mayor rotundidad” por parte del Estado a la hora de obligar al cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. 

Por todo ello es por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado a Demarcación de Costas (organismo del estado) que establezca “medidas más rotundas como la obligación de que todos los proyectos autonómicos en la línea de costa deban ser supervisados por el Estado y sus informes sean vinculantes para las administraciones autonómicas”.

 

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