Si había una materia donde el clamor por una normativa eficaz se multiplicaba día a día era en la regulación de las viviendas turísticas. Pero, el decreto aprobado esta semana por la Junta de Andalucía que debe entrar en vigor el día 22 de febrero no ha convencido a todos por igual.
Se trata de una norma que da potestad a los ayuntamientos andaluces para limitar el número máximo de viviendas turísticas por edificio o por sector con el objetivo de evitar su proliferación en zonas por cuestiones urbanísticas o de planificación.
Una medida que las ciudades más afectadas por esta situación han acogido con satisfacción y que aseguran que ya están trabajando en ello. Así, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en que se pueda "frenar la creación de pisos en zonas que estén saturadas" y seguir trabajando para mejorar la "calidad" de estos alojamientos. De la Torre ya apuntó que "por pura lógica", se puede entender que hay saturación "en los barrios donde haya ya más de la mitad de las viviendas turísticas".
No sabemos si De la Torre olvidaba o no en sus declaraciones que al final de 2023 Málaga ostentaba el liderazgo nacional en viviendas turísticas. En todo caso, al hilo de la aprobación esta semana del decreto indicaba que “es tema que estaba esperándose desde hace meses y era bueno que tuviéramos ya un marco legal donde podamos hacer unas decisiones que no puedan ser recurridas ni por unos ni por otros:” El alcalde insistió en que “siempre haya calidad, que no haya molestias a los vecinos”.
Poca cosa para los vecinos
Sin embargo, para los vecinos y vecinas que sufren a diario la proliferación de vivienda destinada al turista, la ley deja la sensación de que aporta pocas soluciones. Así, según declaro el presidente del colectivo Centro Antiguo de Málaga, Carlos Carrera, el decreto "reconoce lo ya sabido: los Ayuntamientos tenían antes y tienen ahora potestad reguladora", pero "se subraya que ya no hay excusa para no actuar", así que "no podrá un Ayuntamiento escudarse en falta de norma autonómica para actuar". Carrera considera que "ya antes tenía competencias y ahora, sencillamente, las sigue teniendo, si bien es cierto que los Ayuntamientos pueden realizar modificaciones para ser más estrictos o no".
A juicio del representante vecinal, "esta norma llega tarde y descafeinada", además de que "no parece resolver ninguno de los problemas que afectan a los ciudadanos y vecinos que sufren los perjuicios derivados de las mal llamadas Viviendas de Uso Turístico (VUT) y parece que solo atiende y consensua con el sector que ejerce la actividad e ignora a los vecinos y ciudadanos que padecen sus consecuencias". A juico de Carrera, "no aborda la cuestión de raíz e ignora el hecho fundamental de que las casas no son hoteles".
Por su parte, Antonio César, presidente de Málaga Centro Vecinos indicó a Viva Málaga no solucionará la situación actual donde "no se construye para los malagueños, se construye para especular". Césa cosndiera que la situación creada ya en el centro "es irreversible" y que la nueva norma solo se hace para "lavar la cara cuando ya no hay solución", cuando era tan fácil como que erl Ayuntmaiento, que tiene competencias, si lo hubiera querido, no autoriza la proliferación de vivenda turística. A su juicio, el turismo, no deja dinero a los ciudadanos de Málaga, sino solo a los especualdores".
Carrera pone el acento también en el hecho de que ahora, la norma "traslada la responsabilidad reguladora a los ayuntamientos a través de sus planes urbanísticos, hecho que viene a confirmar y constatar lo que los vecinos llevamos años diciendo: que los ayuntamientos sí podían actuar con sus Planes Generales de Ordenación Urbana", por lo que si durante todo este tiempo "pudiendo actuar no lo hicieron, permitiendo que el fenómeno de las VUT se extendiera sin límites por toda la ciudad, estaríamos hablando de hechos de una enorme gravedad".
El presidente de la asociación Cetro Antiguo concluye que parece que "no tiene ninguna intención de variar lo más mínimo el status quo actual y pretende consolidar y amparar una actividad terciaria de hospedaje en edificios de viviendas, actividad que en el PGOU actual de Málaga ya viene contemplada y regulada y está sometida a unas exigencias muy claras de elementos de acceso y evacuación adecuados e independientes de los del resto del edificio, así como instalaciones generales ( luz, agua, telefonía..) totalmente independientes a las del resto del edificio".
Reparos por la izquierda
Pero, hay tres formaciones políticas que por la izquierda han puesto reparos a la regulación emanada del ejecutivo de derechas el Partido Popular en Andalucía. Así, el secretario general del PSOE de Málaga y portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, indicaba que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía “llega tarde pero es la oportunidad” al tiempo que indicaba al alcalde capitalino “que se ponga las pilas porque Málaga está saturada”. Pérez considera que la capital está “saturada pro este tipo de alojamientos” mientras que los precios del alquiler no paran de subir.
Para el dirigente socialista, resulta preocupante que “si Moreno Bonilla (por el presidente de la Junta) ha tardado más de cinco años en poner en marcha este decreto, ¿acaso va a tardar Paco de la Torre otros cinco años para poner en marcha las competencias que le otorga la Junt?". Pérez recordó que “en nuestra ciudad ya hay más de 11.000 pisos turísticos registrados” aunque la cifra se espera mucho mayor por las plazas turísticas no declaradas al tiempo que relaciona el impacto de las viviendas turísticas con el hecho de que “Málaga es la ciudad donde más aumentó el precio de alquiler de vivienda durante 2023” según los datos de Eurostat.
Desde Con Málaga, la confluencia de izquierdas en el consistorio capitalino, su portavoz, Toni Morillas, este mismo viernes al hilo de la publicación del decreto en el BOJA reclamó al alcalde, que “actúe ya poner freno a las viviendas turísticas” y le demandó “la declaración urgente de Málaga como zona saturada a efectos de viviendas turísticas para poder establecer una moratoria en las autorizaciones”.
Morillas urgió a otras medidas como “poner en marcha un plan de inspección, que cuente con una unidad municipal especializada, que permita actuar e intervenir contra esas más de 3.000 viviendas turísticas sin licencia que operan en la ciudad”, a la vez que solicita “que se adopten medidas fiscales como una tasa turística por pernoctaciones o el incremento de las tasas especiales del agua y la basura a los pisos turísticos”.
“En el apartado de la planificación, también son precisos cambios en el PGOU para establecer limitaciones por zonas a las viviendas turísticas y, en la ordenanza que ha anunciado el equipo de gobierno que se va a elaborar para abordar la regulación de las viviendas turísticas es imprescindible la participación de los vecinos y las vecinas”, abunda Morillas.
Para Morillas, el decreto de la Junta es un brindis al sol, una oportunidad perdida, un decreto chapuza, ya que aludir a ‘razones imperiosas de interés general’ no es para nada un criterio objetivo y va a permitir que la barra libre de las viviendas turísticas continúe”, por lo que ha criticado que “el partido popular vuelva a legislar defendiendo los intereses de unos pocos, en lugar de ofrecer a los ayuntamientos herramientas que le permitan intervenir de manera eficaz, poniendo coto a la proliferación de las viviendas turísticas que tanto está impactando en la subida del precio de la vivienda en alquiler y que está generando problemas de convivencia y la expulsión de los vecinos y las vecinas, no sólo del Centro, sino del conjunto de Málaga”.
El sector lo ve positivo
La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), y el sector al que representa, se ha mostrado conforme con el decreto de la Junta de Andalucía para regular los alojamientos turísticos. Así lo ha manifestado su presidente, Carlos Pérez Lanzac, que recordó que “ahora mismo el 73% de los alojamientos turísticos registrados en nuestra comunidad se concentra en pueblos y ciudades de las costas andaluzas y el 75% no está en las capitales de provincia. Además, el 40% del total está en municipios de menos de 50.000 habitantes donde incluso fuera de la temporada alta con el cierre temporal de establecimientos hoteleros el turista no podría alojarse si no es gracias a nuestra tipología de alojamiento. Esta Consejería ha sabido entender el peso del turismo residencial para Andalucía y que con el turismo no se juega. No podemos tratar a un sector entero por las tensiones que se produzcan en barrios concretos de capitales de provincia. Esta es la realidad de nuestro territorio”.
Para Pérez Lanzac, los criterios de calidad que recoge el decreto y el plazo de un año dado para adaptarse son asumibles en opinión de AVVAPro porque Son criterios que ya el propio mercado está exigiendo y que de no implantarlos nos haría perder el liderazgo andaluz.
Por otro lado, recalcó sobre la regulación que “esto no significa que los ayuntamientos puedan actuar a sus anchas, no es un cheque en blanco, tendrán que justificar las decisiones, medir y razonar qué zonas necesitan medidas más restrictivas y cuáles no, porque en la gran mayoría no se están generando problemas y tienen una dependencia muy grande de nuestro sector. Si una norma de cualquier consistorio es proporcional, justificada y cumple con un bien de interés general estaremos completamente de acuerdo en su aplicación. Es más, seremos los primeros en trabajar junto a la administración tantas veces se nos requiera”.
