Málaga
Unos 5.000 malagueños se manifiestan contra el cierre de La Invisible por el Ayuntamiento
Colectivos ciudadanos censuran que "se quiera castigar a personas que asistan a una representación teatral o una conferencia"
El Consistorio decretó en diciembre pasado la clausura por carecer de licencia de actividad de hostelería y otros usos
Alrededor de 5.000 personas, según los organizadores (1.000 según la Subdelegación del Gobierno), se manifestaron este sábado por el centro de la capital malagueña para protestar contra el decreto municipal de cierre de la casa La Invisible, un espacio cultural y social de gestión ciudadana que funciona después de que en marzo de 2007 fuese ocupado por vecinos y creadores urbanos.
El edificio catalogado está situado en la calle Nosquera 9 y 11 y tiene acceso por Andrés Pérez, dispone de tres plantas y un patio con jardín interior. El Ayuntamiento de Málaga viene desde hace casi dos décadas tratando de recuperar los 2.000 metros cuadrados, para realizar una intervención arquitectónica y sacar posteriormente a concurso público la gestión, que reclaman para sí diferentes colectivos ciudadanos.
El pasado 28 de diciembre el Consistorio, presidido por Francisco de la Torre (PP), firmó un decreto por el que se ordenaba la clausura del inmueble por "carecer de licencia de actividad" y por realizar actividades de hostelería sin someterse a las normas administrativas municipales.
Por su parte, los grupos que gestionan este edificio critican el "desalojo encubierto" mediante la imposición de denuncias de la Policía Local, y afirman que el inmueble "cumple con todas las medidas de seguridad", pendientes de que el Ayuntamiento facilite la licencia para actividades culturales, junto con una cesión por un periodo de 10 años.
Los defensores de este espacio aseguran, además, que disponen de un proyecto elaborado por arquitectos locales donde se contemplan las opciones para convertir el inmueble en un amplio local público, que permita expresiones culturales diferentes a las de "una ciudad formada por museos franquicia con desconexión total con la vida cultural local".
"BARRIOS SIN VECINOS, DESEMBARCO DE CRUCEROS"
Y precisamente, para reivindicar este uso público y en contra el decreto municipal de la Concejalía de Comercio, cerca de cinco mil personas se concentraron frente a la fachada de la calle Nosquera y marcharon con tambores, instrumentos de música y pancartas por Carretería y Álamos hacia la Plaza de la Merced.
A la protesta se sumaron cargos públicos de izquierda, como la concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, y el diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, Juan Antonio Valero. También participaron miembros del colectivo Bosque Urbano de Málaga, que reclama una ciudad más sostenible, y se pudieron leer carteles con lemas de 'La Invi sigue', 'No al genocidio cultural', o 'La Invisible también es nuestra casa'.
Durante el acto, que fue convocado a las 12 del mediodía, se leyó un manifiesto en el que se criticó al alcalde, Francisco de la Torre, por condenar a Málaga a "alquileres imposibles, barrios sin viviendas y calles sin vecinos, en una Málaga que ya no se reconoce por el desembarco de cruceros, con borrachera en borrachera y despedidas de soltería".
Además, se aseguró, que La Invisible "sobra" para el modelo de ciudad que el Ayuntamiento de Málaga pretende "perpetuar con intereses especulativos", frente a la opción de permitir "las ideas, la creatividad, la innovación cultural y la cooperación colectiva". "La Invisible es parte de esa otra ciudad que el Ayuntamiento no quiere ver", concluyeron en el manifiesto.
La manifestación estuvo seguida de cerca por dotaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP 5) y agentes de la Policía Municipal, que fueron cortando las calles al paso de los grupos de música y charangas.
En octubre de 2022, el Consistorio debatió una moción del Grupo Ciudadanos, representada por la entonces teniente alcalde Noelia Losada, que fue rechazada por los grupos de izquierda. En el texto se reclamaba que el Ayuntamiento iniciara el desalojo de esta casa burguesa, que data de 1876, para proceder a la rehabilitación de la misma y "abrirla a otros usos meramente culturales, ya sea por concurso o por otra fórmula legal".
Los gestores consideran que "el edificio es seguro", y no se oponen a la rehabilitación municipal por fases pero "con diálogo", sin que ello implique un desalojo total.
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