Según Mayoral, el Gobierno andaluz no se ha interesado “ni para bien ni para mal, de momento hacen de una forma irresponsable oídos sordos ante la primera manifestación y las demandas de los vecinos”. Una situación que el PIVG entiende que se repite ya que no se han tenido en cuenta las mociones aprobadas por los Plenos de los ayuntamientos de San Roque, Jimena y Casares “solicitando que continúen las obras con el adelanto de otros 600.000 euros contemplados en el convenio”.
Así, Mayoral exige que la Junta “se haga cargo del total por ser de su competencia y tratarse de un servicio supramunicipal de urgencias para atender a vecinos de tres municipios”.
El PIVG también carga contra el subdelegado de la Junta en la comarca, Tomás Herrera, quien señaló que “el centro de salud de San Enrique sería uno de los primeros asuntos que trataría de resolver. Una vez que se ha acoplado al sillón, ni se mueve y es totalmente inoperante, solamente como buen mandado”.
