Un error, un descuido o una negligencia de los responsables de la gestión del Boletín Oficial del Estado (BOE), la agencia nacional adscrita al Ministerio de la Presidencia, ha impedido este jueves 12 que la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, haya podido tomar posesión como magistrada electa nata en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este órgano, con sede en Granada y encargado de determinar las inspecciones a juzgados andaluces y del nombramiento de los jueces de Paz de la comunidad autónoma, se ha constituido en pleno esta mañana en Granada bajo la presidencia de su actual titular del TSJA, Lorenzo del Río, y de los otros 15 magistrados que fueron elegidos el pasado 26 de noviembre por los integrantes de la carrera judicial destinados en juzgados y tribunales de las ocho provincias de Andalucía.
Un proceso electoral que también se celebró, como cada 5 años, en todos los tribunales regionales de España, y cuya toma de posesión para el 12 de diciembre fue fijada de manera conjunta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta ausencia de la publicación del nombramiento como nueva jueza decana de Málaga con dedicación exclusiva, y hoy titular del Juzgado de lo Penal 7 de la capital, impide Hurtado de Mendoza también acceder, pese haber transcurridos 49 días de su elección, al despacho que ocupara más de una década el anterior decano y hoy vocal del Poder Judicial, José María Páez, y por consiguiente tomar posesión como miembro nata de la Sala del TSJA, donde figura también el juez decano de Sevilla y los 8 presidentes de las Audiencias Provinciales andaluzas.
Fuentes judiciales han asegurado que el Consejo General del Poder Judicial remitió para su publicación en el BOE el pasado 2 de diciembre el acta de la designación por elección de la jueza Cristina Hurtado de Mendoza, pero 10 días después, este jueves, el departamento dirigido por Manuel Tuero Secades, ex alto cargo de la Junta de Castilla y León y de empresas estatales, todavía no lo ha publicado.
De este modo, la falta de publicidad oficial en el BOE impide a todos los cargos oficiales nombrados poder acceder a los puestos para los que han sido designados, y hacerse cargo de los asuntos pendientes que, en el caso del decanato de los jueces de Málaga viene asumiendo en funciones un magistrado de lo Social desde el pasado verano.
DOS MAGISTRADAS DE LA APM
Por el contrario, sí que han podido ocupar su plaza en la Sala de Gobierno del tribunal regional andaluz las otras dos magistradas malagueñas, que fueron elegidas por la candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre.
Se trata de Rocío Marina Coll, que está al frente del Juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital, y que fue la tercera jueza más respaldada (292 votos) de los 15 candidatos de la APM en Andalucía presentados, y de su compañera, Carmen Gutiérrez Henares, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga y actual delegada provincial de la APM, que obtuvo 273 votos.
Esta asociación de tendencia conservadora y mayoritaria en la representación de los jueces españoles se alzó en noviembre pasado con todos los puestos a la Sala de Gobierno del TSJA, no obteniendo ninguna de las vacantes los candidatos de las otras tres agrupaciones profesionales de la magistratura que concurrieron (Asociación Francisco de Vitoria, de la que forma parte el presidente, Lorenzo del Río, Foro Judicial Independiente, y Juezas y Jueces para la Democracia).
Fuentes judiciales interpretaron el aplastante triunfo de la APM en Andalucía por la división del voto, al concurrir por separado los otros tres colectivos profesionales, que sí obtuvieron una representación en el anterior proceso electoral celebrado en el año 2019 cuando se formalizó una lista conjunta.
