Un decálogo que tiene como objetivo la regeneración institucional y que “cuando se hable de los políticos se piense en honradez, respeto al interés general y servicio al bien común”. Todas las reformas ha subrayado que han de tener como meta la creación de empleo, reducir gastos y aumentar ingresos, y ha advertido de que las administraciones se apretarán el cinturón como lo han hecho las familias.
A partir de esa máxima, ha pormenorizado sus propuestas. La primera, que en los cien días iniciales en el Gobierno aprobará la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, ya que ha dicho que las administraciones han de ser responsables y, con ellas, los cargos que gestionan los recursos.
“No se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda por ello”, avisó al tiempo que aseguró que su Ejecutivo reforzará los controles previos y endurecerá las responsabilidades exigibles para garantizar que los gestores no asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario.
De la misma forma, ha asegurado que demostrará que el servicio público puede hacer más con menos, algo que ha dicho que empieza por exigir que en cada competencia gaste sólo una administración.
Desglosado por puntos, el decálogo sería el siguiente:
Ley de estabilidad presupuestaria.
Endurecimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores de las instituciones para garantizar que no asumen compromisos de gasto que no estén presupuestados.
Impulso de un pacto territorial por la austeridad y la eficiencia que fije una estrategia nacional que ponga fin a duplicidades y solapamientos entre administraciones y para el que contará con la Conferencia de presidentes autonómicos y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Reforma de la ley de subvenciones para hacerla más exigente y objetiva.
Reducción de los organismos reguladores, cambio de su sistema de nombramientos y reforzamiento de las mayorías necesarias en el Parlamento para la elección de sus integrantes.
Ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública.
Establecimiento por ley de una cartera de los servicios públicos básicos comunes para todos los ciudadanos y que incluirá la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Ley de unidad de mercado que, en colaboración con las Comunidades, elimine obstáculos que dificultan la libre circulación de bienes y servicios.
Impulso de un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias entre las administraciones para facilitar la labor de los emprendedores.
Compromiso de que cada ley que se apruebe llevará una completa memoria del impacto regulatorio que implica.
