Así lo confirmaron fuentes jurídicas, que señalaron que ha sido la Gran Sala del TEDH la que ha rechazado la petición del Ejecutivo de que se revisara la primera decisión del tribunal, en la que se señalaba que España había impuesto a Otegi una pena “desproporcionada” y obligaba a indemnizar a éste con 23.000 euros.
La condena al exportavoz de Batasuna fue de un año de cárcel por un delito de injurias graves al rey, al que llamó en 2003 “responsable de los torturadores”.
La Abogacía del Estado solicitaba que la Gran Sala examinara cuestiones como “las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por parte de un cargo electo, en relación con la reputación de otros” y “los deberes y las responsabilidades de los políticos cuando ejercen tal libertad en un contexto de violencia”.
