Guerra se ha pronunciado en el mismo sentido que hizo la pasada semana el alcalde del municipio y también imputado en esta causa, Juan Martín Serón, quien aseguró que "nunca" había recibido ni solicitado dinero para otorgar una licencia.
Durante su declaración, el edil ha insistido en que se limitaba a firmar los decretos para la concesión de licencias, que redactaba un funcionario, y que él entendía que se hacía de conformidad con los informes técnicos, aunque ha precisado que él no puede entrar a valorar estos documentos porque no es un experto en la materia.
Asimismo, ha asegurado que él no ha dado instrucciones "a nadie en función de lo que tengan que redactar", y ha añadido que confía en la independencia y profesionalidad de los funcionarios.
"Yo no veo los informes", ha recalcado el procesado, quien ha expuesto el procedimiento que se seguía para la concesión de licencias.
El edil ha señalado que la concesión de licencias "no es algo que se despache con el alcalde", con el que trataba únicamente las cuestiones referidas a planeamiento urbanístico.
El fiscal le ha mostrado documentos con diversas anotaciones durante la sesión para que las reconozca, ante las que Guerra ha manifestado que tiene "miles" de anotaciones en su despacho, y ha reiterado que no va a "entrar en detalles" de ninguna anotación manuscrita.
El ministerio público también ha hecho hincapié en el informe policial sobre el patrimonio del edil, y ha mostrado su extrañeza sobre los cargos en la cuenta bancaria para gastos ordinarios, que en un mes concreto fueron de 64 euros, datos que el acusado no ha corroborado si coinciden con los que realmente ha tenido.
No obstante, Guerra ha referido que él y su mujer tienen gastos "bastantes reducidos" que no se ajustan al "tren de vida" que refleja el informe policial.
A preguntas de su defensa ha explicado que dispone de un piso que adquirió en 2004 con una hipoteca y de dos vehículos, y que su nómina rondaba en 2005 los 1.400 ó 1.500 euros, y la de su esposa, una cantidad algo inferior.
Por su parte, Juan Burgos Gómez, que trabaja como asesor jurídico en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande desde 2000, ha rechazado haber recibido directriz alguna para realizar su trabajo, que se ha ajustado a la norma que creía aplicable, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En el banquillo de los acusados hay veinte personas, entre ellas el alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, varios funcionarios del Ayuntamiento, así como empresarios y promotores.
Según el ministerio público, en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al menos desde 2002 ha venido funcionando una trama cuyo objetivo era "obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales".
La trama, que se desveló en 2007 con la operación "Troya", consistía, según la Fiscalía, en ofrecer a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados "la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica".
