El jurado encargado de dar el veredicto se reunió hoy a las 17:00 horas y tres horas después había llegado a un acuerdo por unanimidad, aunque alguno de los hechos sometidos a votación fueron aprobados por mayoría.
Así, el jurado consideró a Manuel R.P. culpable de un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, la agravante de parentesco y la atenuante incompleta de haber sufrido un brote psicótico que alteró sus facultades volitivas.
Por unanimidad descartó también la posibilidad de que el procesado pudiera acogerse a un indulto o a la suspensión de la pena que finalmente le sea impuesta.
Manuel R.P. mató a su mujer, Isabel Larriet, el 27 de febrero de 2010 tras una discusión que, después del entierro de una hermana del acusado que se había suicidado, se desencadenó por el canal de televisión que querían ver.
Él quería ver un partido de fútbol entre el Barça y el Madrid y su mujer prefería "La noria", por lo que hubo una disputa que pudo provocar el brote psicótico en el que, según explicaron tres psiquiatras en el juicio, "se entra en un estado crepuscular en el que la consciencia se estrecha o se anula".
El jurado ha seguido las tesis defendidas por el fiscal Gabriel Bernal durante el juicio celebrado la semana pasada en la sección tercera de la Audiencia Provincial.
El fiscal decidió rebajar la pena de 23 años que pedía inicialmente a una de 20 años por considerar que el procesado sí que sufre una enfermedad mental que merma "levemente" su capacidad cognitiva y volitiva.
Como indemnización para los dos hijos de la víctima ha reclamado 240.000 euros, cantidad que la acusación particular ha elevado hasta los 300.000 euros.
El abogado de la acusación particular que ejercen los hijos de la víctima ha pedido también hoy que se le imponga la pena de 20 años de prisión, al igual que ha hecho el abogado de Manuel R.P., ya que esa es la mínima que contempla el Código Penal para un asesinato con alevosía y sin atenuantes completas.
No obstante, será ahora la titular de la sección tercera la que deberá dictar la sentencia en la que se establezca la pena sobre los hechos considerados probados por el tribunal popular.
