El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, ha informado de estas circunstacias a los portavoces de los grupos políticos, que se han mostrado conformes con lo expuesto en una reunión celebrada esta mañana en la sala de comisiones de la Gerencia de Urbanismo. El delegado ha manifestado que desde el Ayuntamiento se va a cumplir estrictamente con la legalidad, y que se actuará en consecuencia de lo que dicten los jueces.
La suspensión cautelar viene motivada por un recurso presentado por el propietario del inmueble ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que aporta una objeción al estudio de detalle de la zona donde se ubica la vivienda. El TSJA lo admite a trámite, si bien dice que no suspende la demolición porque quien debe hacerlo es el órgano que la había ordenado. El tema se tramita ante el Contencioso Adminitrativo que decide la suspensión cautelar hasta oir nuevamente a las partes.
Este asunto se viene arrastrando desde el año 2004, cuando en el Ayuntamiento se detectan las obras y se emite desde Disciplina Urbanística una primera orden de paralización. Dicha orden se desobece y las obras prosiguen hasta concluirse un edificio de dos plantas, de 465 metros cuadrados, situado en un suelo que en el Plan General se prevé un viario que, de hecho, queda interrumpido por la propia vivienda.
El Ayuntamiento abre dos expedientes, uno reclamando el restablecimiento de la legalidad urbanística que tiene como resultado un acuerdo de demolición, y un expediente sancionador. Por su parte, el propietario entabla procedimientos contra el Ayuntamiento que los tribunales fallan a favor de la institución municipal., habiendo una sentencia de febrero de 2010 dando vía libre a la demolición. En abril de 2010 hubo un intento de demolicón que se tuvo que suspender ante la negativa del propietario a que se realizase ningún acto en su propiedad, por lo que desde el Ayuntamiento se solicitó auxilio judicial para poder actuar.
