A través de un comunicado, la organización reitera su "radical desacuerdo" con el polígono industrial al parecerle "innecesario" e "injustificado". En este sentido, recuerdan, por ejemplo, que en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela (Puerto Real) quedan "más de 500.000 metros cuadrados" sin ocupar y de "mayor valor estratégico" que las Aletas; mientras que el polígono industrial Las Salinas (El Puerto de Santa María), de 3.000.000 metros cuadrados, tiene un índice de ocupación "inferior al 30 por ciento".
Además, añaden que en el mismo estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se reconoce que Puerto Real dispone aproximadamente de 1.605.000 metros cuadrados, El Puerto de Santa María de 974.000, Chiclana de 420.000 y San Fernando de 80.000; mientras los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbanística de El Puerto y Jerez han ofrecido más suelo industrial. Por eso, entienden que "no es verosímil, serio ni responsable" que, mientras se está "desmantelando" el tejido industrial de la Bahía, se pretenda al mismo tiempo seguir recalificando nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios.
Desde Ecologistas en Acción consideran que la vocación natural de estos terrenos es su restitución como zonas marismeñas y su inclusión en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Asimismo, tachan de "lamentable" que desde el Ayuntamiento puertorrealeño, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento se esté "pretendiendo destruir" un espacio marítimo-terrestre y "forzar" el marco normativo que salvaguarda las costas. En este punto, recuerdan que el proyecto presentado en 2007 está anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 2009 y consideran que las modificaciones propuestas posteriormente por los promotores "usando un fraude de Ley" y aprovechando la presentación de la Evaluación Ambiental Estratégica, "carecen de legitimidad".
Ahora, después de saber que existe un informe técnico de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente contrario a la instalación del polígono, desde Ecologistas entienden que la "insistencia" en promover la instalación puede ser considerada una "prevaricación", ya que se trata de promover una obra que jurídicamente está anulada por sentencia firme del Tribunal Supremo, y técnicamente tiene los informes administrativos en contra.
Finalmente, asegura la organización que lo "razonable" sería "optimizar lo que se tiene" y no gastar dinero público en promover un "costoso e inmenso" nuevo polígono industrial "sin tener amortizados ni completados los existentes"; lo que implica un "escaso compromiso con los objetivos indispensables de eficiencia, productividad y ahorro".
Ante ello, Ecologistas en Acción exige una política "realista, de sentido común y gestión eficiente", al margen de la "lucha partidista", que desestime el proyecto de Las Aletas.
