La Sección Primera de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, confirma la decisión del juzgado de lo penal 12 al absolver a los cuatro acusados: Álvarez, el exteniente de alcalde Manuel Lazpiur (PA), el exsecretario de Organización del PA Francisco Javier Fernández Franco y la concejala María Teresa Chacón (PP), acusados de emprender una campaña de desprestigio contra la directora de la residencia de ancianos San José del Valle de Écija.
Dice la Audiencia que el último acto de acoso tuvo lugar el 11 de mayo de 2002 con la publicación en "El Periódico" astigitano de "determinada noticia vejatoria y degradante para la denunciante", por lo que en noviembre de 2005, cuando la causa se dirigió contra los acusados, "es evidente que habían transcurrido los tres años que el Código Penal establece para la prescripción de este delito".
La Fiscalía de Sevilla había pedido un año y medio de cárcel para cada acusado pero la juez de lo penal, que celebró el juicio en marzo de 2011, decretó el archivo por prescripción, medida que la trabajadora afectada, M.J.G.J., recurrió solo en lo relativo a Álvarez y Lazpiur.
Según la acusación inicial del fiscal, el primer acto de acoso a la trabajadora se produjo en un pleno municipal del 21 de marzo de 2002, se reiteró en otro pleno del 27 de ese mes, se repitió el 15 de abril y concluyó el 11 de mayo con la publicación del artículo.
El abogado de la trabajadora argumentó que el delito continuado se estuvo cometiendo en realidad hasta el 20 de diciembre de 2002, cuando un pleno del Ayuntamiento volvió a tratar el despido.
Sin embargo, la Audiencia llama la atención sobre el hecho de que el abogado de la trabajadora, en su escrito de calificación, mostró su "absoluta conformidad" con el relato del fiscal y añadió algunas puntualizaciones, "ninguna de las cuales afecta al nudo gordiano de la cuestión: que el pretendido trato degradante tiene su último episodio el 11 de mayo".
"Cuando ahora, para combatir la prescripción, se elige una fecha posterior, se está añadiendo una prolongación temporal novedosa y, por lo tanto, fuera de lugar", ya que "no es lícito a nadie ir contra sus propios actos", en este caso contra el propio escrito de acusación de la trabajadora, según la Audiencia.
Álvarez, que fue alcalde entre 1995 y 2003 y posteriormente secretario general del PA, está ahora alejado de la política y se dedica a sus empresas.
Según la acusación inicial, Lazpiur aseguró en un pleno municipal que se había iniciado una investigación que revelaba que en el geriátrico se habían producido treinta caídas en un año, pese a que en ningún momento se llevó a cabo tal indagación, además de imputar a la trabajadora irregularidades con las cartillas de ahorro de los ancianos.
En abril del 2002, en una circular a afiliados del PA, Francisco Javier Fernández continuó presuntamente la campaña de desprestigio exigiendo "responsabilidades", según la acusación inicial.
