El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella, Jorge González, ha ratificado que se enviaban a la Alcaldía propuestas para precintar obras supuestamente ilegales y se devolvían sin firmar, hasta el punto de que se tuvo que recurrir a la fórmula de remitir esas propuestas por Registro General de entrada o incluso a través de notificadores. También ha apuntado que era la Policía Local la que tenía que ejecutar los precintos.
González, cuya declaración en un procedimiento por una licencia presuntamente irregular dio lugar al comienzo de la investigación del caso 'Malaya', ha vuelvo a comparecer en el juicio y ha vuelto a aludir a la posición del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto a los precintos y a que él "no recibía instrucciones de Alcaldía ni en ésta ni en ninguna otra materia" y tenía conocimiento de los asuntos "accidentalmente".
El testigo, que tendrá que seguir declarando en otra sesión del juicio, ha asegurado que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, no se interesó por la materia de precintos "todo lo contrario, me decía que tenía noticias de que se habían roto los precintos y yo le decía que tenía que firmar los decretos que estaban puestos desde hacía meses y que no se firmaban", requerimiento que, según ha señalado, no atendía.
Por esto, ha señalado, se tuvo que recurrir a remitir esas propuestas por registro general de entrada de documentos e incluso por notificadores, considerando una práctica "absolutamente inusual que un funcionario se diriga por el Registro de Entrada a la administración a la que sirve". Ha explicado que lo hacía así para que "quedase constancia de que determinado pronunciamiento judicial había llegado a personal de mi servicio".
Cuando sí les llegaba firmada la propuesta, se remitía a los técnicos del Servicio de Inspección y se hacía un decreto firmado por Alcaldía, dandole parte a la Policía Local para que procediese al precinto. En este sentido, ha dicho que "en absoluto" vio una actitud colaboradora en cuanto a ejecutar los precintos por parte de la Policía Local, apuntando que había "muchos problemas" y en ocasiones "se rompían" los precintos.
Ha dicho que en lo que dependía de él "se daban las instrucciones oportunas para que se incoasen los procedimientos" administrativos para la suspensión de las obras y ha explicado que "el precinto se hace por el técnico de urbanismo, el decreto lo firma la alcaldesa y materialmente lo ejecuta la Policía", apuntando que "frente a la renuencia y la constancia de que no se hacían" insistió en ello a través de escritos remitidos al que entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, acusado en esta causa.
"En los 8.000 municipios españoles, un precinto no lo hace con un bolígrafo un auxiliar, es el ejercicio legítimo de la fuerza, es la compulsión sobre las personas, eso lo hace la Policía, pero independientemente, hay un decreto que obligaba y no se respetaba", ha aseverado González, insistiendo en que "para precintar algo por orden judicial, no hay que hacer ningun expediente, sino ir a precintar".
Asimismo, preguntado por los requerimientos realizados por la Junta de Andalucía para la revisión de licencias de obras, el testigo ha indicado que sabía que se estaban produciendo "reiteradamente" y ha apuntado a que entre 2003 y 2006 se estaban ejecutando actuaciones urbanísticas amparadas en licencias concedidas con base a la revisión del planeamiento.
PRECINTOS Y LA POLICÍA LOCAL
También sobre los precintos de obras ha declarado el jefe de la Policía Local, Rafael Mora, que entonces era segundo de este cuerpo policial. Ha explicado, a preguntas del letrado de la Junta de Andalucía, que la ejecución de la orden del precinto "dependía siempre del jefe", un sistema que implantó Del Pozo, según ha manifestado el testigo, quien ha insistido en que estas órdenes no se tramitaban como otras, sino que se remitían a Jefatura.
Ha asegurado que a través de decretos se informaban de órdenes de precinto y también vigilancia de los mismos. Ha indicado que cuando él actuaba como jefe accidental se hacía una nota de servicio y se enviaba a las patrullas para llevar a cabo las acciones solicitadas y "el cumplimiento del decreto" que se había dictado. En algunos casos, la actuación de los agentes era, ha señalado, sólo acompañar a los técnicos de urbanismo.
