Su área de responsabilidad en la Diputación es Desarrollo y Bienestar Social. Hablamos de una área muy sensible, sobre todo ahora, con la crisis económica aún en pie de guerra. Pero Antonio García Ortega es consciente de ello y por eso en apenas unos meses ya conoce todos los rincones de la misma, y eso que bajo su gestión se agrupan las políticas de Igualdad, Educación, Ciudadanía o los centros de drogodependencia.
—En primer lugar, ¿qué balance realiza de estos primeros meses al frente del Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz?
—Llevo apenas unos meses al frente de esta área que engloba un poco de todo. Desde aquí se gestiona desde las residencias para mayores, a los temas de juventud, desarrollo internacional, educación, igualdad. También contamos con los centros de ayuda contra la drogadicción, con 19 sedes. En definitiva es un área muy variopinta, pero poco a poco, vamos conociéndola para tratar de optimizar todos los recursos con los que contamos.
—A pesar de la crisis actual, ¿hay recursos para llevar a cabo todas estas gestiones?
—En principio, nuestra intención y en lo que estamos trabajando es en mantener todos estos recursos, que no se pierdan, que no deje de darse todos estos servicios, y para ello lo que buscamos es optimizar para poner en marcha otras cuestiones y otros programas. Ocurre, claro está, que debido a las consecuencias de esta crisis estamos desbordados. Las previsiones que se realizaron a la hora de realizar los presupuestos el pasado año se han visto superadas. Dentro del área de servicios comunitarios existen las ayudas de emergencia a familias, que en un principio se le asignó el doble de lo que se había presupuestado para 2011, pero a estas alturas del año, y a pesar de aumentar las partidas presupuestarias, ya tenemos que dotarnos con más recursos económicos porque no paran de acudir las familias para acceder a este tipo de ayudas que son el último recurso que les queda.
—Este tipo de ayudas de emergencias ¿son el último recurso para muchas familias?
—Sí. Este tipo de ayudas son el último recurso al que tienen acceso muchas familias. Se destinan para pagar un recibo de luz, o de agua, o leche para lactantes, y es que hay muchas personas que realmente no cuentan con recursos económicos para hacer frente a estas necesidades.
—¿Se ha duplicado la demanda de estas ayudas de emergencia para familias?
—La demanda no sólo se ha duplicado, sino que está ya por encima. Y es que se había presupuestado el doble de la cuantía del pasado año, y en lo que llevamos de año ya se han agotado, con lo cual se ha tenido que volver a dotar con mayor consignación económica.
—Dentro de toda la gestión, ¿cuáles son las prioridades?
—Las prioridades van encaminadas a que aquellos usuarios de este tipo de recursos, no noten carencias. ¿Qué ocurre? Que para ello hay que retraerse en otras cuestiones que no son vitales, respetando eso sí, cualquier actividad. Pero a lo mejor en estos momentos, nuestra opinión es que puede ser más importante atender a un grupo de familias que está en esta situación, que, sin que nadie se vaya a ofender, una exposición fotográfica, una conferencia, una charla o que unas jornadas, que también hay que llevarlas a cabo, pero priorizando donde más necesidades hay.
—Imaginamos que la relación con los ayuntamientos, especialmente con sus áreas de Asuntos Sociales, debe ser fluida…
—Efectivamente. Nosotros contamos con una buena coordinación con los ayuntamientos porque hay programas que se llevan de forma conjunta, empezando por los servicios sociales comunitarios que tenemos concertado con todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero también tenemos una amplia red de dinamizadores que actúan de la mano con los ayuntamientos para llevar a cabo los programas. Por ejemplo, contamos con un programa de envejecimiento activo en el que trabajan 16 dinamizadores sociales en otros tantos municipios y que ha sido ampliado con los municipios de menos de 10.000 habitantes que no contaban con estos dinamizadores. Tenemos igualmente plazas concertadas para residencias municipales, tenemos centros de drogodependencia repartidos en varios municipios de la provincia. Ahí están las residencias de mayores que acogen a personas que nos remiten y tramitan desde cada pueblo. Es decir, existe una muy buena y ágil relación con los distintos ayuntamientos de la provincia.
—¿Hay algún proyecto o programa sobre la mesa que podría iniciarse en breve?
—Pues como te comentaba antes, vamos a firmar un convenio con seis ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes por el tema de los dinamizadores. También queremos celebrar, con un coste realmente muy bajo, unas primeras jornadas sobre familias numerosas que es algo novedoso, pero sabemos que en este tipo de crisis cuantos más miembros tenga una unidad familiar, más cargas económicas tienen. Hemos puesto en marcha el Plan Peces, que ya está en la fase de contratación. Este Plan de Empleo está destinado a personas con graves carencias sociales.
—¿El Plan Peces entra dentro de su área?
—Sí, se gestiona desde Bienestar Social y con él pretendemos llegar a aquellas personas que no tienen nada o casi nada. Entiendo que en los pueblos haya mucha gente que se enfade y se pregunte por qué yo, que mis únicos ingresos son 400 ó 500 euros, no puedo acceder a ese plan. La respuesta es sencilla y es que por desgracia en estos momentos tenemos que ayudas con este plan a las unidades familiares cuyos ingresos están por debajo de 350 euros al mes. Es decir, con esos recursos lo importante ya no es llegar a final de mes, sino a mitad de mes. El Plan Peces comenzó en el mes de febrero y ahora están concluyendo las entrevistas en cada municipio. Es un plan que se está realizando de forma escrupulosa a través de los informes que nos remiten la Junta de Andalucía a través de sus servicios públicos de empleo para saber qué recursos tienen cada uno de los solicitantes. Ahora se están publicando las listas con los admitidos y durante los primeros días de este pasado mes de mayo ha comenzado a desarrollarse. Sabemos que hay una mucha gente que se ha quedado fuera, pero bueno, estamos realizando un gran esfuerzo para poner esta primera fase del plan, y a continuación comenzaremos a desarrollar una segunda fase para intentar que aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo y cuyas unidades familiares cuentan con recursos por debajo de los 350 euros mensuales, tengan al menos unos pequeños ingresos gracias a esta iniciativa laboral aunque sea por un determinado periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que los contratos son en tres turnos de quince días. A cada municipio, dependiendo del número de desempleados con los que cuenta, se le ha asignado un número determinado de contrataciones.
—Observamos que el empleo está muy presente también en su área como una de las fórmulas para paliar carencias sociales…
—No es propia del área pero sí cuando afecta a colectivos y familias con riesgos de exclusión social, entonces pasa a formar parte de una prioridad y un objetivo de esta delegación para evitar esas situaciones. Mi área no es la de Empleo, evidentemente, pero por ese riesgo de exclusión social es por lo que se pone en marcha este tipo de programas. Nosotros cooperamos habitualmente con todas las asociaciones que trabajan con distintos colectivos tanto dentro de la provincia como en cuestión de cooperación internacional, y con esa labor también llegamos a mucha gente. Nosotros hemos firmado convenios con el Banco de Alimentos, con Cruz Roja, con todos estos colectivos que desarrollan una labor importante en estos tiempos. Y es que en esta área cabe un poco de todo siempre que se ayude a colectivos que tengan esta idiosincrasia y estas problemáticas.
—¿Por su área pasa la Ley de Dependencia?
—Efectivamente. Aunque nosotros en realidad somos meros intermediarios. En realidad no tenemos competencias en esa labor, pero sí en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Ley de Dependencia está gestionada a través de la Diputación. A nosotros, desde la Junta de Andalucía, se nos hace llegar el dinero, con bastante retraso, que también hay que decirlo, pero no actuamos simplemente como intermediarios sino que lo complementamos con aportaciones propias destinadas a los usuarios de la Ley de Dependencia.
—¿Hay problemas de financiación?
—Pues si hablamos de la Ley de Dependencia, pues sí, los hay. Nosotros contamos con unos acuerdos y convenios con una serie de empresas que la están desarrollando, junto a otros siete ayuntamientos que lo gestionan directamente, y nuestro compromiso, y que cumplimos a pies juntillas, es que en los pliegos de las adjudicaciones hay un margen para el pago a las empresas de dos meses. Ahora mismo estamos pagando religiosamente siempre antes de estos dos meses. La media está un mes. Sí es cierto que tenemos conocimiento a través de los sindicatos, de alguna empresa que no está pagando a los trabajadores en fecha. Ellos querían convencer a los trabajadores de que la culpa era de la Diputación pero con documentos por delante, han comprobado que no era así. A principios de abril, le estábamos pagando a cierta empresa el mes de marzo y a los trabajadores acababan de pagarles el mes de enero y febrero. Cualquier empresa que se ha presentado a un concurso de licitación debe contar con solvencia técnica y solvencia económica como para no tener que estar esperando el dinero de la Diputación para pagarles a los trabajadores, sobre todo cuanto el mes de febrero se le abonó en marzo. Nosotros, teniendo dos meses para pagar, estamos pagando en un mes.
—¿Qué tal es la relación que mantiene desde su área con sus homólogos de la Junta de Andalucía?
—Debo decirte que es regular. Básicamente por cuestiones económicas. Comentamos antes el tema de la Ley de Dependencia. Nosotros, a parte de que aportamos un porcentaje por cada hora de trabajo, lo que hacemos es recibir los 13 euros por hora y reenviarlos a los ayuntamientos o a las empresas que lo están gestionando. Estando yo como responsable, no ha ocurrido retrasos históricos, pero sí puedo decirte que a finales del pasado año vivimos una situación realmente preocupante. No se puede estar seis, siete, ocho y nueve meses retrasando los pagos porque nosotros somos prácticamente unos intermediarios. Y te puedo poner otro ejemplo. Contamos con un centro de acogida infantil, concertado con la Junta de Andalucía puesto que la competencia sobre infancia y menores recae en la Administración Autonómica, pero del año 2011 todavía no han aportado ni un céntimo. El coste del centro está en torno a los tres millones de euros. La aportación que realiza la Junta, a pesar de ser su competencia, es de 450.00 euros. Aporta un 15 por ciento aproximadamente del importe total, pero es que además, de lo correspondiente al pasado año todavía no han aportado nada.
—Imaginamos que en temas tan sensibles, lo que se pide es un poco de responsabilidad…
—Bueno, es que la verdad te duele porque el que está prestando el servicio es la Diputación que aporta en torno el 75 por ciento y eso que no es su competencia. Pero encima, que la Administración competente no aporte su parte, duele. No pedimos que pague por anticipado, pero sí en un plazo razonable, y no es razonable que no haya aportado nada durante todo el 2011. Ocurre en otras cuestiones, como los centros de drogodependencia, y estas situaciones afectan y hacen que todo no funcione lo suficientemente bien que debería. Al final quien paga las consecuencias son los trabajadores y esa situación finalmente se transmite hasta los usuarios.
