El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para la investigación de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el exgobernador del Banco de España y los expresidentes de la entidad Bankia por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, societario, de administración desleal y malversación de caudales públicos.
Según explica el juzgado madrileño en un auto hecho público este lunes y fechado el pasado día 8 de junio, la Audiencia Nacional es competente en este caso ya que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe investigar "defraudaciones que produzca un grave perjuicio a la economía nacional".
En opinión de la magistrada titular del Juzgado, Mercedes Gutiérrez Suárez, "el importante y conocido quebranto patrimonial" que ha tenido lugar en la entidad "exige al menos la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional".
El auto menciona que la Audiencia Nacional investiga ya otras entidades financieras como las Cajas de Ahorros de Castilla la Mancha y del Mediterráneo. Así la juez decide que "por las posibles consecuencias para la economía nacional y por afectar a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia" es procedente inhibirse en la investigación.
La denuncia presentada por el sindicato de funcionarios, que todavía no había sido admitida a trámite por la magistrada, acusa al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de imprudencia grave por no controlar debidamente el proceso de fusión de Caja Madrid y Bancaja junto con otras cinco entidades.
Además, Manos Limpias acusa también a los dos últimos presidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa de presuntos delitos societarios y de estafa. La juez abrió la pasada semana diligencias previas de investigación y pidió un informe al Ministerio Fiscal.
Esta petición obligó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación sobre lo sucedido en Bankia. Los fiscales encargados del caso han solicitado información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la propia entidad financiera y a la auditora Deloitte por presuntos delitos contables, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.
