A pesar de llevar unos meses con la problemática, hasta ahora no ha trascendido a los medios. En la jornada de hoy se registrará en Diputación las firmas recogidas para “impedir” que se cierre la casa de acogida inmediata infantil de Puerto Real. Un centro que cuenta con once niños de entre 18 meses y 10 años, a los que se les está buscando un lugar pero, según Ana Rueda, una empleada eventual de la bolsa de instructores, “con las prisas, el protocolo para buscar familia no se está cumpliendo”.
Esto conlleva la separación de tres hermanos y de otras dos en casos de menores desprotegidos, que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el centro y su personal están gestionado por Diputación y he aquí la clave de los problemas. El convenio entre ambos no se ha vuelto a firmar y, según la entidad provincial, “la Junta no está cumpliendo con los pagos”. Por su parte, la Junta habla de apuesta en las “familias de acogimiento” por su buen funcionamiento y no en los centros, algo que, según Rueda, “no es la realidad”.
Entre los casos más problemáticos se hallan algunos menores que deberán volver a los “macrocentros” de Sevilla; otros serán adoptados por familias que ni siquiera conocen, cuando el procedimiento de acogida es más complejo”. Caso curioso ocurre con tres hermanos, ya que “a uno de ellos le están buscando casa y los otros dos los han llevado con una familia”.
La empleada habla de “problema económico” porque el centro “funciona perfectamente” y acusa a las entidades de no echar cuenta a los niños porque “ni cotizan, ni son rentables”. De hecho la trabajadora habla de “maltrato institucional”.
Aparte de los niños, el cierre del centro a final de mes supondrá la pérdida de empleo de 15 instructores eventuales y el personal fijo del centro, unas 30 personas, serán reubicados por parte de Diputación.
Todo esto se ha llegado después de que las administraciones llegaran a una prórroga del convenio en diciembre para que los niños acogidos pudieran acabar el curso, y no a un nuevo acuerdo.
La situación en los últimos meses ha sido tan tensa que, incluso, cuando los eventuales quisieron acudir a una reunión con el responsable del área en Diputación, se “nos denegó la entrada por parte del director”, según Rueda, “porque no teníamos relaciones contractuales”.
La empleada quiere llevar las rúbricas a las administraciones e, incluso, al Defensor del Pueblo porque, el centro es el “único” de atención inmediata en la provincia y su “buen funcionamiento”, tras más de 40 años de Casa Cuna, le había hecho “referente como casa modelo”.
Con el cierre del centro de acogida inmediata de Puerto Real al final del presente junio, “que no se sabe para qué se va a utilizar”, debido a las “malas” relaciones entre las dos administraciones implicadas, como pasa en la mayoría de los casos “siempre salen perdiendo los niños”.
