La defensa de J.V.C., patrón del pesquero barbateño 'Nuevo Pepita Aurora' y único imputado en la causa abierta por el hundimiento del mismo el 5 de septiembre de 2007, ha anunciado que va a recurrir el auto del juzgado encargado de la instrucción, al entender que no es responsable de los hechos que se le imputan.
El letrado ha explicado que se plantean recurrir el auto, ya que, según sostiene, "no hay responsabilidad ninguna por parte del patrón" y, por tanto, "no se le pueden atribuir" los delitos que señala el Juzgado de Instrucción número tres de Algeciras.
El auto, que se dio a conocer a principios de esta semanas, acuerda la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados al patrón fueran constitutivos de ocho delitos de homicidio imprudente -cinco marineros fallecidos y tres desaparecidos-, siete delitos de lesiones imprudentes -por la tripulación- y un delito contra los derechos de los trabajadores.
El abogado subraya que el juzgado se ha basado en el informe de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos, el cual "no es en absoluto imparcial" y atribuye el hundimiento a una serie de cuestiones que "no están demostradas". Recuerda que, precisamente para aclarar esos extremos, solicitó el reflotamiento del pecio, lo cual fue considerado "necesario" por la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque fijaba que fuese el patrón quien corriese con los gastos.
El coste del reflotamiento es "tan elevado" que "es prácticamente como denegarlo". Por ello, presentó un recurso ante la Audiencia para que fuese la Administración la que asumiera el coste, señalando entonces que el reflotamiento era "necesario pero no imprescindible". La defensa sostiene que el suceso fue "un accidente" y que el patrón no es más que "un cabeza de turco".
Cabe recordar que el Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro (Gengsms) coincidía esta semana en calificar de "sesgado" el informe de la comisión de investigación de siniestros marítimos, señalando que los investigadores "no se ajustaron al código de investigación y prácticas recomendadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y las resoluciones legislativas del Parlamento Europeo".
Argumentaban que con ello buscaban "blindar" la cadena de responsabilidades, ya que la Administración Marítima es responsable de "minimizar" los tiempos de respuesta ante este tipo de sucesos, pero en este caso "los ralentizaron", llegando a considerar que "por eso murieron los ocho marineros". En este sentido, el Gengsms recordaba que los supervivientes tuvieron que ser rescatados de las aguas por otros pesqueros.
