La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha iniciado acciones jurídicas para garantizar que la separación de la gestión mancomunada anunciada por algunos ayuntamientos se haga cumpliendo las obligaciones previstas para no perjudicar a otros municipios y a la empresa pública Giahsa.
La Mancomunidad ha advertido en un comunicado de la responsabilidad penal, administrativa y de carácter personal, en la que incurrirían tanto los alcaldes como los concejales y funcionarios municipales que tomen, ratifiquen o validen acuerdos y actos de carácter ilegal.
El pasado julio municipios como Cartaya y San Juan del Puerto aprobaron decretos de Alcaldía para abandonar esta empresa alegando el impago del canon por la cesión de las redes interiores de agua y que eran varias las localidades que han manifestado esta intención.
Según la nota, los responsables de MAS han manifestado que sus servicios jurídicos llevarán estos procesos "hasta las últimas consecuencias", tanto en la esfera contencioso-administrativa como en el ámbito mercantil y penal.
Así, la Mancomunidad ha considerado que sería un hecho "de extraordinaria gravedad" la contratación de empresas por vía de emergencia, dado que tal emergencia no existe al estar la prestación de los servicios plenamente garantizada por Giahsa".
La empresa pública provincial propondrá a los grupos políticos y alcaldes en los ayuntamientos onubenses que "se estudien todos los contratos que se han concedido por vía de emergencia, que se esclarezca la participación de una determinada empresa privada en procedimientos" y "que se analice en profundidad la legalidad de estos contratos y que se exijan responsabilidades jurídicas en los que casos en que se detecten irregularidades".
La Mancomunidad y Giahsa han remitido en los últimos días escritos de alegación a ayuntamientos como los de Cartaya y San Juan del Puerto, en los que se les recuerda las obligaciones que entraña ser miembros de MAS y las condiciones establecidas de común acuerdo para abandonar el proyecto y reclaman que se acuerde el archivo del expediente "al no concurrir ninguno de los incumplimientos de la MAS y Giahsa indicados en la resolución".
