El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea (CE) que hable con una sola voz ante la deriva independentista en Cataluña y, en concreto, cuando le interpelen sobre la posibilidad de que un territorio de España pueda ingresar en la UE si se declara independiente, informan a Europa Press fuentes diplomáticas.
En un escrito formal dirigido recientemente a su cúpula, España solicita al Ejecutivo comunitario que todos sus miembros expliquen la posición de Bruselas en este asunto "de conformidad con los tratados".
La CE ha dado respuesta hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no. En respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico en 2004, Bruselas aclara que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".
Por tanto, si quisiera formar parte de la UE tendría que presentar una solicitud de adhesión que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro. Es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.
Una entrevista en el 'Diario de Sevilla' la semana pasada a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding, ha generado cierta confusión en este sentido.
Reding aseguró que "la legislación internacional no dice nada que se parezca" a que un nuevo Estado resultante de otro Estado matriz deba abandonar todos los organismos internacionales si se declara independiente. Sus palabras las recogieron otros numerosos medios de comunicación, que interpretaron unánimemente que Reding quería decir que Cataluna no tendría por qué dejar la UE si se declarase independiente.
EL CASO DE CATALUÑA
En el caso concreto de las aspiraciones independentistas de Cataluña, el Gobierno español lo tiene claro. La UE no aceptará una hipotética secesión de Cataluña u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español.
Basa su convencimento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.
Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo-- el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso.
En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta "respetará" la "identidad nacional" de los Estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional".
También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".
Desde el Gobierno se explica que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina.
Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.
La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y en su artículo 2 deja claro que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".
Por tanto, el Gobierno sostiene que una secesión unilateral de Cataluña o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.
