El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha pedido al gobierno municipal, de PP, "que cumpla con el artículo 72 de La Ley Reguladora de Haciendas Locales" y aplique un recargo del 50 por ciento en el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) a las cerca de 15.000 viviendas vacías que hay en la ciudad "para que así se pongan en alquiler y facilitar el acceso a la vivienda en nuestra ciudad y acabar con la especulación inmobiliaria".
Según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas, "nuestro grupo municipal ha presentado una alegación a las ordenanzas fiscales para que en la ordenanza reguladora del IBI se incluya este recargo en la cuota líquida del impuesto".
Izquierda Unida justifica esta medida en el hecho de que la actual crisis financiera está provocando el "empobrecimiento de amplias capas de la población privadas de derecho al trabajo". Este empobrecimiento, señala Puentedura, "lleva aparejado el que centenares de familias en la ciudad de Granada se hayan visto desposeídas de su vivienda habitual, como consecuencia de una ley hipotecaria injusta y de la codicia del sistema financiero".
De este modo, el portavoz municipal denuncia "que una vez embargadas estas viviendas quedan en manos de las entidades financieras que prefieren mantenerlas desocupadas antes que facilitar el uso por los antiguos propietarios mediante su alquiler a precio razonable".
De este modo, critica IU, "la vivienda queda convertida únicamente en mercancía y deja de responder a los intereses de la ciudadanía convirtiéndose en un objeto para la especulación de los bancos". Es por ello que Puentedura señala "que el Ayuntamiento de Granada no puede quedar impasible ante esta situación tan injusta que ha afectado a miles de granadinos en los últimos años y debemos tomar medidas para que estos inmuebles vacíos recuperen su función social encaminado a garantizar el derecho constitucional a la vivienda".
Para ello el portavoz municipal de Izquierda Unida propone la inclusión en la ordenanza fiscal reguladora del IBI el recargo previsto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Asimismo Puentedura plantea, que en cumplimiento del artículo 77.5 de la citada Ley el Ayuntamiento apruebe un reglamento municipal que determine las condiciones para la declaración de una vivienda vacía y la elaboración de un censo detallado de estas viviendas en la ciudad. En este sentido Puentedura señala que el Ayuntamiento tome en cuenta los datos recogidos en el Plan Municipal de viviendas que señalan más de 15.000 en la ciudad, y los datos de Emasagra, sobre aquellas viviendas que no tienen consumo de agua durante más de un año.
Este reglamento "está dirigido a penalizar la desocupación de viviendas en la ciudad que están en manos de grandes propietarios que especulan con ellas" señala Puentedura, quien señala que a esta medida "no deben estar sujetas aquellas viviendas habituales y únicas que por razones de salud o situación de dependencia, trabajo de sus propietarios o por estar en disputa su propiedad, por temas relativos a herencias, pueden estar desocupadas durante largos periodos de tiempo". Además el concejal de IU plantea "que aquellas viviendas vacías, cuyos propietarios particulares, pongan en alquiler social destinado a rentas bajas puedan tener un incentivo de hasta un 50 por ciento en el IBI".
Según un estudio hecho por el grupo municipal de Izquierda Unida, la puesta en marcha de estas medidas podría suponer el que en los primeros años de su funcionamiento miles de viviendas vacías de la ciudad se pusiesen en alquiler, reduciendo por tanto el precio de los mismos, y que el Ayuntamiento recaudase los primeros dos una cantidad cercana a los 2 millones de euros.
Es por ello que Puentedura propone "que las cantidades procedentes de este recargo en el IBI sean destinadas a un plan de ayuda y asistencia a las familias desahuciadas o en peligro de desahucio y a la creación de un programa de rehabilitación de infravivienda vinculando estas ayudas a la creación de un parque de viviendas en alquiler social.
Para crear este parque de viviendas sociales, Puentedura exige que el Ayuntamiento ponga a disposición las viviendas de titularidad municipal que están vacías. "La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) cuenta con más de 60 viviendas desocupadas" afirma Puentedura lo cual, a su juicio, "es indecente cuando centenares de familias de Granada se ven en la calle porque son desahuciadas".
