La conflictividad social se ha multiplicado en la provincia gaditana en el último año, habiéndose pasado de las 750 manifestaciones desarrolladas en 2011 a las más de 1.800 "comunicadas" hasta la primera quincena de diciembre de 2012. A todas ellas habría que sumar las "no comunicadas" a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, organismo al que se ha dado cuenta formalmente de la celebración de unas 85 manifestaciones y concentraciones hasta el 31 de diciembre, sin contar con las que se desarrollen en el Campo de Gibraltar.
En una entrevista concedida a Europa Press, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha explicado que cuando llegó a su puesto encontró una situación "complicada", entre otras cuestiones por la "elevada conflictividad social" existente. El análisis de los datos facilitados permite concluir que "había muchas personas que se encontraban calladas por los motivos que fuese, y este año han decidido salir a la calle".
De Torre deja claro que, quizás por su vinculación laboral --es inspector de trabajo--, respeta "muchísimo" que una persona a la que no le pagan se manifieste, ya que "su salario es su sustento de vida y el de su familia". Señala que muchas de las manifestaciones que se han producido en la provincia tienen esta vertiente "social", si bien hay otras tantas que han sido "manifestaciones más políticas". En este sentido, alude a determinados colectivos, grupos sindicales y personas que "convocan continuamente manifestaciones".
En cualquier caso, ha insistido en que el derecho a la manifestación "es un derecho constitucional, y cuando se desarrolla en las condiciones que establece la normativa, merece todo el amparo y la protección de los responsables públicos que estamos al frente de la seguridad".
Incide en que la legislación exige que cualquier acción de estas características sea comunicada con diez días de antelación. Esto permite "planificar adecuadamente la seguridad de los propios manifestantes" y también evitar que el resto de los ciudadanos se vean "excesivamente perturbados" y, además, de manera "sorpresiva".
"TREMENDO" COSTE
De Torre ha llamado la atención sobre el "coste tremendo" derivado de esta situación, ya que obliga a poner en marcha dispositivos policiales para, en muchas ocasiones, "atender a varias manifestaciones el mismo día, en distintos puntos de una ciudad y también porque no todas se esperan tan pacíficas". Explica que la obligación de su departamento es "proteger bienes y personas", con lo que hay que tomar "las medidas suficientes para poder atender a un posible desorden público".
Además, recuerda que ha habido casos de manifestaciones "ilegales" como la que desarrollaron hace unos meses los trabajadores del astillero de Navantia en Puerto Real y que causaron destrozos en el puente José León de Carranza valorados en "150.000 euros", además de las molestias que el resto de ciudadanos tuvo que soportar "varias semanas" mientras que se procedía a su reparación.
Significa que también hay que tener en cuenta que este año ha habido dos huelgas generales. En ambas, los huelguistas se quejaban de que "iban muy protegidos policialmente". Sin embargo, "nadie les estaba coaccionando para que no informaran como piquetes", pero tampoco se iba a permitir que se produjeran "amenazas, insultos o agresiones a cualquier ciudadano o empresario que quisiera ejercer libremente su derecho al trabajo". "Si alguien se siente amenazado por la Policía, algo malo estará haciendo", apostilla.
Sindicatos y colectivos han venido criticado también lo que entendían como una "excesiva" presencia policial acompañando las manifestaciones. Al respecto, De Torre ha reflexionado que, personalmente, "si salgo a la calle y ejerzo mi derecho a la manifestación, y pienso hacerlo de forma pacífica, entiendo que la Policía es una garantía más del ejercicio de ese derecho". Por tanto, no entiende que cualquier manifestante "de buena fe" tenga que sentirse presionado o coaccionado" porque la Policía vaya al lado suyo, sino "protegido".
