Una comisión de investigación para esclarecer “el destino final de dinero público, pues faltan casi dos millones de euros, uno del parque acuático y 900.000 del aparcamiento del Hípico”. Así anunció ayer el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, el concejal de EPASSA, Juan José Jódar, y el de Hacienda, Miguel Contreras, la puesta en marcha de una comisión de investigación municipal para saber a qué se destinaron fondos de los planes E y Proteja. El equipo de gobierno del PP planteará en el próximo pleno la creación de este instrumento, cuyas conclusiones, según anticipó el alcalde, se pondrán “en conocimiento del Ministerio Fiscal para que actúe como crea oportuno”. Jódar denunció que “se desconoce el encargo del proyecto” (un aparcamiento sobre 21.215 metros cuadrados con 860 plazas), ya que fue “verbalmente realizado por la gerencia de Urbanismo” y la primera factura “pasó directamente al negociado de contratación”, donde "confirman que no se han tramitado contrato de servicio correspondiente a la redacción del proyecto”.
Junto a ello, aludió a “irregularidades” en el capítulo de certificaciones, en el que se certificaron “partidas de cerrajería, pruebas en ascensores, estanqueidad en las terrazas, trabajos de pintura o electricidad” cuando no se ha realizado ninguna de esas actuaciones en un parking que está a medio hacer.
PSOE
El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, tras conocer la noticia, retó al equipo de gobierno de José Enrique Fernández de Moya a realizar "todas las investigaciones que sean necesarias", puesto que "el Plan E se hizo con luz y taquígrafos". Así indicó en un comunicado la portavoz socialista, María del Mar Shaw. En opinión de la edil, está generando "cortinas de humo" para "tapar las vergüenzas del PP y el escándalo de los sobresueldos de dirigentes 'populares'", en lugar de trabajar por la ciudad. "El señor Fernández de Moya quiere desviar la atención del caso Bárcenas hablando ahora del aparcamiento del Hípico", apostilló. Shaw ha hecho hincapié en que el Plan E se llevó a cabo con luz y taquígrafos y que fue fiscalizado por técnicos del Ayuntamiento, además de por el Tribunal de Cuentas del Gobierno de España.
