La Unión General de Trabajadores (UGT) de Huelva interpuso este miércoles una demanda ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo contra el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, Antonio Ponce, por unas declaraciones en las que manifestaba que el pago en B en las empresas era algo habitual.
Así lo anunció el secretario general de la UGT en Huelva, Jorge Puente, quien ha precisado que se solicita a la Fiscalía y a la Inspección que inicien una investigación sobre “la veracidad o no” de las declaraciones.
Ponce, que también es vicepresidente de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y vocal de la junta directiva de la CEOE, aseguró, tras ser preguntado sobre la información que apuntaba al vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, que pagaba a sus trabajadores en dinero negro: “Se ha montado todo un revuelo con los pagos en B cuando siempre han existido, si no en b, sí el pago diferenciado”.
Puente ha indicado que lo que Ponce ve como “un hecho natural” supone “un atentado contra al derecho de los trabajadores, un fraude a la Seguridad Social y un fraude fiscal”. En este sentido, ha indicado que como es el propio representante de la patronal onubense quien hace ese reconocimiento se ha decidido “elevar una demanda a la Fiscalía e Inspección de Trabajo para que inicie un proceso de investigación y determine cuál es la responsabilidad, si hay o no delito y cuáles son las consecuencias que deben reportar esas declaraciones”.
“Él ha hablado como representante institucional de la patronal, en nombre de las empresas y ha venido a decir que es habitual el pago en b, dinero que no cotiza, ni tributa y que no tiene efectos sobre la base de cotización de los trabajadores”, concluyó el sindicalista.
Upeco pide a la CEA una declaración institucional
Por su parte, Upeco, que ya pidió este martes la dimisión de Ponce, se ha dirigido a las organizaciones empresariales de las que forma parte directa e indirectamente (Fadeco, CEA, CNC y Ceoe) para que adopten todas las medidas necesarias para rechazar públicamente las declaraciones de Antonio Ponce, presidente de la FOE y de la Cámara de Comercio de Huelva y “despejar así todas las dudas que puedan existir sobre prácticas fraudulentas tanto en las empresas como en las organizaciones empresariales”.
Ante la “gravedad” de las declaraciones de Ponce, desde Upeco se han dirigido peticiones a los presidentes de la Federación de Empresarios de la Construcción de Andalucía (Fadeco) y a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para que expongan en sus órganos de gobierno “un rechazo institucional a las declaraciones de Antonio Ponce al entender que las mismas suponen un grave perjuicio para la imagen empresarial en un momento muy delicado para todas las empresas”. Desde Upeco se ha pedido también a la federación andaluza y a la confederación nacional que expongan esta misma petición en los órganos de gobierno de la CEA y de la CEOE, ya que “las declaraciones de Ponce han causado un grave daño a la imagen de todas las instituciones empresariales que representa: la FOE, la CEA, la CEOE y las Cámaras de Comercio”.
Entiende Upeco que estas declaraciones “no pueden quedar sin respuesta puesto que atentan contra la dignidad y la honradez de todos los empresarios, emprendedores y autónomos que día a día mantienen sus empresas, sus negocios y los puestos de trabajo con vocación de cumplimiento de la legalidad”.
Por eso, ha pedido a la CEA y a la CEOE que “investiguen las declaraciones de Ponce y que le exijan que ponga en conocimiento de la Fiscalía las actuaciones fraudulentas que conoce”. Si Ponce no pone en conocimiento de la Fiscalía estas actuaciones desde las organizaciones empresariales, añade Upeco, “se debería exigir su dimisión para no convertirse en cómplices de las actuaciones fraudulentas que Ponce conoce”.
Desde Upeco se considera la reprobación institucional como “fundamental para regenerar la representatividad empresarial y renovar una imagen de los empresarios que buscan una solución a los problemas de la actual crisis dentro del marco de la legalidad y del compromiso social”.
