El PP ha asegurado hoy que cinco responsables del Ministerio de Industria de la etapa del anterior Gobierno socialista han sido imputados en el caso Bahía Competitiva, que investiga un fraude de más de catorce millones de euros en las ayudas para la reindustrialización de la provincia de Cádiz.
El parlamentario andaluz y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha desvelado hoy estas nuevas imputaciones en el pleno del Parlamento andaluz, durante una interpelación al consejero de Economía, Empleo e Innovación, Antonio Ávila.
Según ha dicho, las imputaciones, realizadas por la Udyco de la Guardia Civil, afectan a "toda la cadena de mando del Ministerio de Industria" en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la que se produjo el fraude con el dinero del Plan Bahía Competitiva, destinado a ayudas a la reindustrialización de Cádiz.
Los imputados, según ha dicho sin dar nombres concretos, son "la secretaria general de Industria, el director general de Industria, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía Competitiva".
El dirigente gaditano del PP ha criticado que las administraciones socialistas hayan "permitido el saqueo del dinero" destinado a la creación de empleo y el "robo" de "25 millones de euros" del Plan Bahía Competitiva, que, según ha dicho, "se han fugado".
Según ha explicado Sanz, ese dinero fue concedido "a entornos empresariales socialistas sin escrúpulos", con "falsos informes de solvencia" y a "entramados empresariales constituidos para acceder a estas ayudas" o "empresas fantasmas con sedes en bares de Alcalá de los Gazules" y sin actividad.
En su intervención, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha recordado que este caso fue denunciado por la Junta después de que la Agencia de Inovación IDEA detectara un posible fraude, por lo que ha pedido al diputado popular que no se "cuelgue medallitas".
Según Ávila, después de que la Agencia de Innovación detectara el posible fraude, la Junta lo denunció ante el servicio de blanqueo del Banco de España y lo trasladó a la Fiscalía, de modo que "todo lo que está poniendo usted sobre la mesa como un gran descubrimiento fue ya expuesto por este consejero", ha señalado.
"Yo no he hecho ningún saqueo ni he permitido nada, como usted acaba de decir", ha replicado el consejero, que ha pedido a Sanz "un poco de respeto al honor de las personas" tras lo cual le ha acusado de haber "mentido prácticamente en todo de lo que ha dicho".
El "caso Bahía Competitiva" salió a la luz en noviembre del 2011 cuando, tras la denuncia de la Junta, fueron detenidos varios empresarios, entre ellos el gallego Alejandro Manuel Dávila Oubiña, supuesto cabecilla de la trama que recibió ayudas millonarias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para proyectos de reindustrialización de la provincia de Cádiz que finalmente no se llevaron a cabo.
El PP, que está personado en el sumario, mantiene que las investigaciones revelan que la concesión de estas ayudas del Plan Bahía Competitiva, cuyo gerente era Antonio Perales, se dirimían "a dedo" en el despacho del presidente de la Diputación de Cádiz, entonces ocupado por el socialista Francisco González Cabaña.
Las imputaciones de responsables del Ministerio de Industria desveladas por el PP se conocen días después de que la concejala el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) María José Valencia (PSOE), fuera detenida y puesta en libertad tras declarar como imputada en este caso.
Tras la declaración, el gobierno local de Sanlúcar de Barrameda destituyó a la concejal, que cuando se produjo el fraude ocupaba un puesto en la Diputación Provincial, "para mantener lejos de la administración local y del partido cualquier atisbo de corrupción".
