El PP de Córdoba ha defendido este miércoles que el Gobierno de España pone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "al servicio de los ciudadanos, atendiendo sus demandas de claridad, eficacia y ahorro en el gasto público de estas administraciones".
Así lo han manifestado en una rueda de prensa la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Córdoba, Pilar Gracia, y el vicesecretario de Empleo y Economía, José María Bellido, quienes han abordado esta reforma de la Administración Local y han destacado que este miércoles se reúne la Comisión de Seguimiento y Valoración de esta reforma en la que se estudiará de forma pormenorizada el anteproyecto de ley para aportar ideas y propuestas, "desde la lealtad institucional, que vengan a mejorar este ley".
Gracia ha valorado la labor del Gobierno con este proyecto de ley, "en el que se aborda una demanda de los ciudadanos referente a la gestión pública municipal", y en la que, entre otras cosas, "se mira por el dinero público de los ciudadanos". Y es que, "los ayuntamientos van a saber cuáles son sus competencias propias con respecto a otras administraciones, pero también es muy importante que lo sepan los ciudadanos, y esta ley lo hará posible", según argumenta.
Además, a su juicio, esta ley introduce criterios de calidad en la gestión pública de estas administraciones, "con lo cual cuando entre en vigor dejaran de existir ciudadanos de primera y de segunda en función del color político de sus gobernantes y de las decisiones que tomen esos gestores públicos".
Asimismo, según explica Gracia, con esta ley no se privatizan servicios públicos. "Es una reforma que garantiza los servicios básicos y obligatorios a los ciudadanos cuando los ayuntamientos se vean imposibilitados para prestarlos", al tiempo que "se garantiza que en caso de prestar servicios no obligatorios, cedidos por la comunidad autónoma, se puedan llevar a cabo con la financiación adecuada y suficiente por parte de ésta, de manera que esta reforma acabará con la gran morosidad que la Junta de Andalucía mantiene hoy día con los ayuntamientos andaluces y cordobeses", dado que "están machacados por la Junta que a día de hoy es la principal morosa de las corporaciones locales".
Para la popular, con la Reforma de la Administración Local "se suprimen las duplicidades, se define claramente el ámbito competencial de cada administración siempre desde el criterio de mantener la sostenibilidad financiera, por la que define la asunción de competencias por parte de los ayuntamientos". Esto, apostilla, "da estabilidad a los ayuntamientos y evita el despilfarro".
Del mismo modo, según destaca Gracia, esta reforma aborda la racionalización del sector público. Según el último dato publicado a 31 de diciembre de 2011, existen en España 4.036 entes públicos, de los que 1.817 están sólo en el ámbito de la administración local. "Muchos de los entes públicos instrumentales no están al servicio de los ciudadanos que los mantienen con sus impuestos, sino que son un pozo sin fondo que se traga estos impuestos de los ciudadano", según dice, para advertir que "esta ley no va a mantener chiringuitos para contratar a amigos y allegados de un determinado gobierno local, y no va a amparar más despilfarro".
En definitiva, la vicesecretaria popular apunta que con la aprobación de esta ley se va a asistir a "la mejor etapa de los ayuntamientos, ya que está dirigida a los ciudadanos y a los ayuntamientos, en la que se clarifican competencias, de manera que ante una administración, una competencia".
"CLARIFICA" COMPETENCIAS
Por su parte, el vicesecretario de Empleo y Economía del PP de Córdoba, José María Bellido, ha remarcado que "esta reforma está dirigida al ciudadano ya que lo que realmente importan al Gobierno y al PP son los ciudadanos", y ha valorado que la reforma "clarifica" competencias de la administración local y de la autonómica, y por tanto, "los ciudadanos podrán saber a quién dirigirse en cada caso".
A su juicio, "esta ley traerá administraciones más eficientes y más eficaces, en donde se llevan a cabo exámenes de calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos, y donde se tenga que acreditar esa eficacia en la gestión", y esto, agrega, redundará en la posibilidad de "crear mayor y mejor empleo para los vecinos de los municipios", pues, "se trata de dar la mayor calidad posible en los servicios públicos municipales al menor coste posible, con lo que los ayuntamientos tendrán mayores recursos que se podrán invertir en fomentar la empleabilidad de su vecinos", dice Bellido.
También ha destacado que esta reforma es "ejemplarizante", ya que "si tenemos que pedir esfuerzos a los ciudadanos, debemos ser los representantes públicos los primeros en hacer un esfuerzo importante en el gasto de esta administración local". De esta forma, la reforma limita los sueldos de alcaldes y concejales, el número de liberaciones y sueldos de asesores y personal de confianza, así como de personal de dirección de empresas públicas, como gerentes.
Igualmente, Bellido ha afirmado que con esta reforma se da respuesta a dos demandas históricas del municipalismo. Por un lado, "la posibilidad de que ante deudas de la administración autonómica se pueda pedir que se pague esa deuda directamente a través de los ingresos del Estado en la comunidad autónoma". Y por otro lado, "que se puedan compensar las deudas entre dos administraciones".
