El PP cambiará la legislación hipotecaria para aplicar la sentencia europea sobre desahucios y evitar que una persona que haya presentado una demanda por cláusulas abusivas en su préstamo, admitida por el juez, pueda perder su vivienda antes de que la justicia resuelva sobre la denuncia.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha explicado a los periodistas que ésta es la corrección principal a la que obliga la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara las medidas que regulan en España los procesos de desahucio contrarias a la legislación europea de protección de los consumidores.
Alonso, que ha confirmado que se ampliará el plazo de enmiendas de la ley que se tramita en el Congreso para introducir los cambios necesarios, ha advertido de que el fallo europeo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria español en su conjunto, sino que insta a mejorar la legislación en algunos aspectos como el mencionado anteriormente.
En estos momentos tanto el PP como el Gobierno están analizando al detalle los argumentos de la sentencia para decidir de qué manera se mejora la legislación española, según ha apuntado el portavoz popular, que también ha explicado que los cambios afectarán fundamentalmente a la ley de enjuiciamiento civil.
Alonso ha subrayado que su grupo parlamentario ya tiene en sus enmiendas varias de las cuestiones que apunta la sentencia.
Las enmiendas de los populares, así, tocarán aspectos relativos a la limitación de los intereses de demora, la ampliación del número de impagos para poder instar a la ejecución de la sentencia, la independencia de la tasación o el valor de la vivienda cuando se la queda el banco.
Lo que hay que corregir son los casos en los que ya se haya producido el lanzamiento de una vivienda y haya una sentencia posterior al desahucio que declare abusivas las cláusulas de ese préstamo.
Para evitar que esto ocurra y "dar garantía" de que esa persona no pierde su vivienda, se cambiará la ley, ha apuntado el portavoz, quien por otra parte ha advertido de que los cambios previstos no estará la dación en pago retroactiva que piden la plataforma de afectados por desahucios y buena parte de la oposición.
Ante las críticas de la oposición, que se ha quejado de que el PP no admitiera antes estos cambios cuando se esperaba esta sentencia, el portavoz de los populares ha recomendado a los otros partidos que se "lean los papeles del principio al final" y ha señalado que no se puede valorar un fallo judicial meses antes de que se produzca.
Además, ha defendido la prudencia del grupo mayoritario por permitir la ampliación del plazo de enmiendas precisamente a la espera de que se conociese el fallo.
Igualmente, ha rechazado que esta sentencia pueda provocar un colapso en los tribunales antes de que se reforme la legislación como han advertido otros grupos de la oposición.
Por otro lado, Alonso no ve necesario que el Gobierno apruebe un decreto para trasponer inmediatamente a la legislación española lo que reclama la sentencia, porque entiende que en poco tiempo se va a resolver la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular sobre este tema.
Asimismo, el portavoz de los populares cree que no es necesario, como han reclamado algunos partidos, que un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) participe en dicha tramitación, ya que ha recordado que ya compareció en la Cámara la portavoz de este colectivo, Ada Colau.
Finalmente, y ante las críticas de los socialistas ha ironizado sobre los "desvelos" que tiene ahora el principal partido de la oposición cuando "nunca propuso nada" sobre desahucios cuando estaba en el Gobierno.
Partidos y movimientos sociales exigen la reforma urgente de los desahucios
Partidos políticos y movimientos sociales han coincidido hoy en celebrar la sentencia que declara contraria a la normativa comunitaria de protección de los consumidores la legislación española sobre desahucios y han instado al Gobierno a adaptar cuanto antes la ley hipotecaria a las exigencias de Europa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado hoy contrario al Derecho de la Unión la ley española por impedir a los jueces adoptar medidas cautelares, como suspender la ejecución de una hipoteca, si considera que alguna de las cláusulas del contrato firmado entre el cliente y el banco es abusiva.
Ante esta decisión, la reacción de los partidos y movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha sido inmediata en el Congreso de los Diputados, donde actualmente se tramita un proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y una iniciativa legislativa popular sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
Al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley", ha dicho frente al Congreso la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que ha abogado por "la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso".
Colau ha subrayado que "la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia" y ha instado al Ejecutivo "a rectificar aunque sea tarde", al tiempo que ha señalado que se están planteando "reclamar acciones jurídicas al Gobierno" por la situación que han sufrido las "personas afectadas" de "inseguridad jurídica profunda".
"Esta sentencia nos da la razón, que había cláusulas abusivas en la legislación que es preciso cambiar", ha asegurado por su parte la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, que ha emplazado al Ejecutivo a establecer una moratoria automática de todos los desahucios que procedan de cláusulas abusivas.
En el mismo sentido la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha instado al Gobierno a que modifique de urgencia, si es necesario por la vía del decreto, la legislación española para adaptarla a las recomendaciones de la sentencia europea, de forma que "nadie más quede desprotegido".
Para Izquierda Unida, la sentencia europea es una "victoria" de los movimientos sociales y ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno", ha dicho el diputado Alberto Garzón, mientras que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha considerado que la sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno y al PP.
Ha resaltado que, a partir de ahora, las personas desahuciadas podrán argumentar el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo ante los tribunales españoles y tendrán más mecanismos de defensa.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado que la sentencia obligará a una reforma de la legislación española, que a CiU le gustaría que también modificase la ley concursal, para que la "persona física pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jurídica, es decir, para una empresa".
"El Gobierno tendrá que legislar al respecto y aplicar esa sentencia a la legislación, y eso no es de hoy para mañana. Veremos cómo el Gobierno intenta resolver la necesaria adaptación de la legislación a lo que ha dicho el tribunal europeo", ha emplazado el parlamentario catalán.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha celebrado la sentencia, porque confirma que la legislación española "está hecha en función de los intereses" de las entidades financieras y no de los de la ciudadanía, mientras que el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha destacado que, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten automáticamente" los embargos.
Aunque el plazo de enmiendas de la proposición de ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y de alquiler social acaba mañana, fuentes de los grupos parlamentarios dan por hecho que se ampliará unos días más para dar tiempo a introducir las recomendaciones de la sentencia del tribunal europeo.
En declaraciones a Efe, las principales asociaciones de consumidores -Ceaccu, CECU, FUCI, Facua y Asgeco- también han celebrado hoy la sentencia europea al considerar que "marcará un antes y un después", y han urgido a paralizar los desahucios, así como a reformar la ley hipotecaria en favor de los "afectados y no de la banca".
