La Junta de Andalucía ha ofrecido asesoramiento o cualquier otro tipo de gestión a las empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) a las que el Gobierno central comunicó que tenían que devolver unos préstamos concedidos en los últimos años para la construcción de edificios o para su equipamiento.
Así lo ha trasladado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien ha mostrado su "preocupación" al respecto y ha abogado por alcanzar una solución que no ponga en peligro el futuro de estas empresas de la tecnópolis malagueña, ya que "tener que devolver esas ayudas les generaría un grave perjuicio".
Ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que, por el momento, "no hemos querido abrir ningún frente", dejando que la negociación con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad la lleven a cabo los responsables del propio PTA, del que forma parte el Gobierno andaluz.
Ruiz Espejo ha hecho hincapié en la importancia que para la provincia de Málaga tiene el Parque Tecnológico de Andalucía; de hecho, ha recordado que representa un 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) malagueño.
Los créditos fueron otorgados a través de la convocatoria pública del programa Acteparq, destinado a desarrollar actuaciones científicas y tecnológicas, a una treintena de empresas con sede en el PTA de Málaga y podrían sumar cerca de 100 millones de euros. El plan de amortización para reintegrar estas ayudas se estipuló entre 10 y 15 años.
El Ministerio de Economía y Competitividad ya indicó en su momento que estaba verificando que las subvenciones otorgadas a estas empresas de la tecnópolis cumplieran con la finalidad por la que fueron concedidas, habiéndoles dado un trámite de audiencia para que efectuaran alegaciones y presentaran los documentos y justificaciones que estimasen oportunos. Por su parte, algunas de estas firmas reconocieron que la devolución de los préstamos podría llevarlas al cierre.
ISOFOTÓN
Por otra parte, Ruiz Espejo se ha referido también a uno de los referentes del PTA, la empresa del sector fotovoltaico Isofotón, que presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 380 trabajadores. Ha admitido que desde la Administración andaluza esta situación se ve "con preocupación", asegurando que "se hará lo que jurídicamente corresponda".
"Desde un primer momento se ha dejado claro que la apuesta de la Junta es el mantenimiento del empleo y el apoyo a los trabajadores en sus reivindicaciones de mantener el máximo número de puestos de trabajo", ha manifestado, pero también ha precisado que la negociación corresponde ahora al comité de empresa y a la propia compañía.
Y es que, aunque ha reiterado que "los trabajadores nos van a tener a su lado en lo que necesiten", también ha incidido, en respuesta a las críticas por parte de la plantilla de falta de apoyo, en que "la entrada en vigor de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy ha limitado mucho la capacidad de actuación de la Administración autonómica".
Como ha recordado Ruiz Espejo, que ha insistido en que la deslocalización pretendida por Isofotón no está justificada, se está a la espera del informe jurídico solicitado por la Delegación del Gobierno andaluz para determinar cómo se pueden defender los intereses de estos trabajadores, teniendo en cuenta que las ayudas y los incentivos de la Junta iban dirigidos al mantenimiento del empleo.
Así, la Administración andaluza ha aportado a Isofotón, entre fondos reembolsables e incentivos, más de 50 millones de euros desde el inicio y, en el último proceso, en torno a los 30 millones. Por ello, el delegado provincial ha reiterado que "se hará lo que jurídicamente corresponda" para que "haya un cumplimiento estricto de lo establecido".
