El expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz ha llegado al Palacio de Justicia de Pamplona, donde declarará como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por las dietas de Caja Navarra.
Sanz ha entrado al Palacio de Justicia por la puerta principal acompañado de su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, y ante una gran presencia de medios de comunicación y un fuerte despliegue de la Policía Foral.
A su llegada, varias personas le han gritado "chorizo" y "ladrón". El acceso al Palacio de Justicia está protegido por vallas. Un grupo de unas 20 personas se está manifestando tras una pancarta en la que se lee 'Ustelak kanpora. UPN corruptos go home'.
El expresidente del Gobierno está citado a declarar a las 10 horas. Está previsto que el próximo lunes declare el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el 16 de abril lo haga el exconsejero de Economía del Gobierno foral Álvaro Miranda.
Los tres formaban parte de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, un órgano en el que también participó Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, cargo aforado que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo.
La juez que instruye el caso afirmó en un auto hecho público el 21 de marzo que el cobro de dietas en la entidad tenía "un sustento cuanto menos dudoso" y señalaba que "no existe una norma que regule la llamada 'Permanente' hasta que no es regulada de forma expresa en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad, aprobado el 24 de junio de 2011, cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010".
En aquel auto, la juez señalaba que algunas de las reuniones de la Permanente "tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad, y que en todo caso se limitaban a informar, sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes, que únicamente se daban por enterados".
La juez considera que "el pago y cobro" de estas cantidades no constituyen un presunto delito societario, "sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión".
En concreto, el auto señalaba que "las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa".
