El Ayuntamiento, a través de Urbanismo, hace bien instando a los propietarios de las unidades de alojamiento de Bahía Sur a que regularicen la situación de una gran parte de ellos y pongan sus propiedades a disposición de una oferta hotelera que se ha ido resquebrajando ante sus narices y con no poca falta de implicación municipal en evitarlo.
El requerimiento enviado en el mes de marzo, de hecho, está dando resultados, pero de la misma forma está provocando que otros tantos como los que han hecho caso al mismo, se hayan planteado otras acciones a través de contestaciones en cascada ante la problemática que el complejo arrastra desde hace años y habría que temer que no se va a solucionar con medidas coercitivas contra los mismos mientras una de las partes en conflicto no satisface las mínimas expectativas de quienes compraron por diversos motivos, pero están abocados al mismo fin.
La postura más fácil para el Consistorio, obviamente, es la de arrimarse a la mercantil que ostenta la concesión y apurando la situación, no es sólo la más fácil sino la más legítima. No obstante, en todos estos años han ocurrido una serie de circunstancias avaladas por informes técnicos periódicos y constantes de la Junta de Andalucía sobre situaciones, en algunos casos, temerarias por parte de los actuales gestores, que la providencia no ha permitido que desembocaran en peores mares que los del expediente administrativo y la reclasificación del complejo.
Esas circunstancias deberían bastar para estudiar a fondo el problema y ver si la legalidad se ajusta también al sentido común, o sencillamente el Ayuntamiento prefiere seguir matando moscas a cañonazos.
Porque no hay que olvidar que pase lo que pase en el complejo, y lo menos malo que puede pasar es que desaparezca, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por acción u omisión, también son responsables. Y no sólo responsables políticos.
