La Confederación Española de Policía (CEP) en Córdoba lamenta que "justificar oficialmente y públicamente" que los 64.000 kilos de hachís hallados en el Polígono de La Torrecilla "han podido entrar y ser depositados en Córdoba, como base logística para su reparto y entre otra hipótesis, porque las bandas de narcotraficantes han valorado que la ciudad es segura", es "una incongruencia y no tiene sentido" a juicio del sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía en Córdoba.
En una nota, la CEP critica que "la Subdelegación del Gobierno y responsables policiales oficialicen y den por hecho, que no hay una red de narcotraficantes en Córdoba" o que "lo ocurrido, es pasajero y debe ser considerado un mero hecho puntual", algo que es "más un deseo cara a tranquilizar la opinión pública, que una certeza policial totalmente verificada".
Para la CEP, "solo es destacable la encomiable labor que decenas de policías cordobeses ejecutan, para intentar desentrañar los entresijos del mayor alijo de droga jamás hallado en España y Europa en una investigación abierta y a contrarreloj". Pero a su vez, agregan, "no puede obviarse la realidad de los hechos acontecidos hasta ahora y es que es un serio aviso a navegantes".
En este sentido, la CEP reclama a los responsables policiales de la Comisaría Provincial de Córdoba, "una organización operativa policial objetiva y no subjetiva; más y mejores medios, y la potenciación de la brigada Provincial de Policía Judicial". Y es que, el sindicato pronostica que "no asumir entre todos que algo falla en la seguridad pública de Córdoba, puede tener consecuencias y costes a posteriori".
Asimismo, la CEP advierte que "no acelerar la salida de la droga para su destrucción", dará lugar a que el sindicato convoque una concentración en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba 'sine die', dado que para la CEP, "la Comisaría Provincial de Córdoba no puede permitirse sostener el desvío de recursos humanos y medios a los dispositivos de seguridad que la ingente cantidad de droga requisada requiere para su custodia". Esto no puede ser, advierte el sindicato policial, "a costa de la seguridad de barrios cordobeses, que requieren de presencia 'in situ' de los funcionarios del CNP detraídos".
