La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, ha informado de que se presentará en el próximo Pleno municipal una moción para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que tramite ante el Parlamento de Andalucía, mediante el procedimiento de lectura única, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En un comunicado, Tamayo ha explicado que el objetivo es "atender las demandas sociales", tales como reducir, como mínimo, en un 50 por ciento todos los tipos específicos de las infracciones urbanísticas cuando se trate de viviendas habituales y "flexibilizar y agilizar" la tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión del suelo.
Asimismo, se pretende contemplar como "circunstancia atenuante" en la graduación de las sanciones el que las obras objeto de la infracción tengan como destino la vivienda habitual o servicios imprescindibles y "aumentar" los tipos de infracciones y sanciones en materia de parcelación para "evitar la especulación del suelo y la implantación de nuevos asentamientos".
La portavoz del PP ha explicado que la "aplicación e imposición" de multas, como consecuencia de la competencia obligatoria del Ayuntamiento de iniciar, instruir y resolver las infracciones urbanísticas, en virtud de lo previsto en la LOUA y en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "está provocando dejar sin efecto el derecho y la función social de la vivienda, ya que en la práctica, más que una sanción por no cumplir con la legalidad urbanística vigente, la multa se convierte en una losa impositiva que las familias no pueden pagar y más en los momentos actuales, provocando al mismo tiempo una situación de angustia al sentir amenazado su hogar y su vivienda habitual".
Tamayo ha señalado que los tipos específicos de las infracciones urbanísticas van desde el 75 por ciento hasta el 300 por ciento del valor de la obra realizada para construirse una vivienda, según la clasificación del suelo, "lo que supone multas de hasta de 250.000 euros, siendo la media de las mismas superior a 60.000 euros".
En este sentido, ha precisado que lo que se propone "no es ningún beneficio económico para las mismas, sólo que los tipos de las infracciones urbanísticas cuando se trate de vivienda habitual, sea más justa con la realidad actual de las familias, y que si esta infracción se produce, puedan cumplir con sus obligaciones respecto a la legalidad vigente porque es necesario legislar para las personas y no para el territorio".
Y es que, tal y como destaca la portavoz, el artículo 205 de la LOUA "no contempla como atenuante el que la edificación constituya la vivienda habitual". Por tanto, "hablamos de viviendas de miles de cordobeses, de su primera y única vivienda, que de no ocuparlas, estarían en una situación de desahucio en la práctica", por lo que apunta que "es necesario e imprescindible modificar la legislación vigente por parte de la Junta de Andalucía".
