El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha suscrito este lunes un convenio de colaboración con la decana presidenta Colegio de Procuradores de los Tribunales de Córdoba, María del Sol Capdevila, mediante el cual el Consistorio sabrá, por los procuradores, sobre aquellos procesos de desahucio de próxima ejecución, para que así pueda el Ayuntamiento prestar ayuda a los afectados, desde los Servicios Sociales municipales, en cuanto a facilitarles alojamieneto provisional, una ayuda de emergencia o ayuda económica familiar.
De esta forma, según han explicado en rueda de prensa Nieto, Capdevila y la concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, María Jesús Botella, el objeto del convenio es "la coordinación de la acción, de manera que los procuradores, una vez tengan conocimiento de ello, faciliten al Ayuntamiento la información necesaria sobre las familias o personas pendientes de una diligencia de lanzamiento en proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria, a fin de ayudar a esas personas dentro de sus competencias, sin interferir en el normal desarrollo del proceso judicial".
Así, según se recoge en el propio convenio, es obligación del Colegio de Procuradores "habilitar los mecanismos y poner a disposición de las personas colegiadas la documentación necesaria, a fin de que estas puedan recabar los datos de la persona o familia afectada y comunicarlos a la Delegación de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, una vez se tenga conocimiento de la fecha del lanzamiento por la parte actora o por la notificación de la diligencia que comunica la fecha de lanzamiento".
También debe el Colegio de Procuradores informar a las personas colegiadas del protocolo para la recogida y cesión al Ayuntamiento de datos de las personas afectadas, lo cual comprenderá, "la obtención del consentimiento de la persona ejecutada autorizando que sus datos sean cedidos al Ayuntamiento exclusivamente para lo relativo a competencias en materia de Servicios Sociales".
En cuanto a las obligaciones del Ayuntamiento, además de cumplir las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, deberá "utilizar la información exclusivamente para prestar asistencia a las personas afectadas por el lanzamiento, ya se trate de conceder algún recurso (alojamiento, ayuda de emergencia, ayuda económica familiar) o de facilitarles la orientación o asesoramiento oportuno".
Para la correcta aplicación de las medidas incluidas en el acuerdo suscrito este lunes "existirá una Comisión de Seguimiento, constituida por dos representantes de cada institución, con independencia de la asistencia de otras personas técnicas", que se reunirá con carácter ordinario cada semestre y de forma extraordinaria a solicitud de cualquiera de las partes.
