La fiscalía de Sevilla ha pedido hoy la absolución de Juan Carlos Ruiz Fuentes, exsecretario de las Juventudes Socialistas de Andalucía (JJSS), por una campaña contra el SIDA en el que hizo un paralelismo con la consagración.
El juicio ha quedado hoy visto para sentencia en el juzgado penal 7 de Sevilla, donde las dos asociaciones denunciantes han pedido para el ex dirigente de las JJSS un año de cárcel y una multa de 144.000 euros.
El acusado ha dicho a la juez que se considera inocente porque no tenía intención de ofender a la religión y ha pedido disculpas a las personas que se pudieran ver afectadas.
Según su declaración, en ningún momento intervino en la elaboración de la campaña, pese a ser un licenciado en publicidad, y ha asegurado que el uso de un sacerdote era un recurso estilístico cuyo objeto era "impactar pero no ofender".
Ruiz Fuentes ha sido juzgado por una campaña a favor del uso del preservativo, desarrollada con motivo del día contra el sida del año 2010, en la que se usaba la imagen de un sacerdote en el momento de la consagración portando un preservativo en la mano y con el lema "Que no te den una hostia. Ponte condón".
Ha precisado el acusado que en ningún momento la jerarquía católica les ha pedido una rectificación o disculpas y ha explicado el uso de ese paralelismo porque en aquel momento había un debate abierto por el entonces papa Benedicto XVI sobre la utilidad del preservativo para la prevención del sida.
El fiscal del caso ha pedido la absolución de Ruiz Fuentes porque no se ha demostrado que tuviera la intención de ofender a una confesión religiosa aunque ha reconocido que la campaña "podría ser calificada como de pésimo gusto o grosera".
Además el fiscal ha destacado que le sorprende una campaña como ésta procedente de una institución que en el futuro pretende dedicarse a representar a todos los ciudadanos.
El imputado ha explicado que el uso de un sacerdote fue un recurso estilístico y que el objetivo de la campaña era impactar pero no ofender.
Su defensa ha insistido en esa línea y ha explicado a la juez que se trataba de un recurso publicitario para hacer "una campaña impactante que llegara al mayor número de personas".
El abogado de la asociación Tomás Moro, que primero denunció el caso, ha mantenido su petición de un año de cárcel y 144.000 euros de multa porque "lo fundamental de una campaña publicitaria para convencer es no ofender", aunque ha precisado que acepta las disculpas del imputado.
Lo mismo ha afirmado el abogado de la Federación Católica de Padres de Alumnos, que se ha incorporado a la causa en la fase de juicio oral porque su denuncia sobre los mismos hechos fue archivada por otra sala de la Audiencia de Sevilla.
