El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís denuncia en un escrito registrado en la Audiencia Nacional que los autos del juez Pablo Ruz en los que acuerda el bloqueo de las cuentas bancarias de La Moraleja, su productora de cítricos en Argentina, podrían "provocar, sin sentencia firme, la disolución y liquidación" de la compañía.
Así consta en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa de Sanchís apela la decisión del juez instructor del 'caso Gürtel' de bloquear los productos financieros de La Moraleja en el Banco Macro de Sarmiento (Buenos Aires), adoptada tras hallar una transferencia de 143.959 euros de la empresa con destino a Conosur Land, una sociedad radicada en Madrid y propiedad de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.
La defensa de Sanchís, que está imputado en la causa por ayudar presuntamente al extesorero del PP Luis Bárcenas a blanquear tres millones de euros que tenía ocultos en Suiza, pide al juez que aclare si el bloqueo se refiere a todas las cuentas de La Moraleja o únicamente a la que se utilizó para hacer la transferencia.
A su juicio, "no aclarar la resolución en los términos que se interesa" podría suponer "la pena más grave que con la última reforma del Código Penal se puede imponer a una sociead como sujeto activo del delito", en referencia a su "disolución".
"NO HAY LEY QUE LO AMPARE"
Tras señalar que el juez no puede acogerse a la ley para prevenir la financiación del terrorismo (12/03 de 21 de mayo) para explicar este bloqueo, esta parte sostiene que el juez instructor "carece de una norma clara, inequívoca y con rango legal que le permita adoptar como medida cautelar el genérico bloqueo de cuentas corrientes de un tercero que no es parte en el procedimiento y que se entera de lo que ocurre en el proceso penal por la prensa y por internet".
También sostiene esta parte que Ruz no explicó por qué bloqueó una cuenta de La Moraleja que, según expone, "puede tener millones de dólares de saldo" y en la que "están domiciliadas las nóminas, el pago de impuestos o el pago a proveedores" de la empresa, que tiene 1.500 trabajadores directos y una facturación de 50 millones de euros al año.
Ruz acordó el pasado 27 de septiembre el bloqueo de "los saldos, las inversiones financieras y otros productos como cajas fuertes" de La Moraleja tras deducirse de la investigación que parte de los 48 millones de euros que llegó a tener en Suiza se habrían reintegrado en su patrimonio.
