El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido a la defensora Estatal, Soledad Becerril, los informes recabados en la queja de oficio abierta sobre el gasoducto para la producción y almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana que impulsa Gas Natural para que recabe información al Gobierno.
En el escrito remitido por la Defensoría andaluza, al que ha tenido acceso Efe, se especifica que tras recabar la información precisa de los órganos autonómicos se le remite para que recabe, "si lo considera oportuno", la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ello para "conocer el resultado del análisis y evaluación conjunta que las afecciones de las declaraciones de impacto ambiental afectantes al gasoducto de Doñana pueden producir sobre los hábitats las especies amparadas por la Directiva de Hábitat".
Esta actuación se lleva a cabo después de que tras dirigirse la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a la administración autonómica se le informara de que la autorización de esta actividad corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo el órgano ambiental competente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Asimismo, se le indicó que como quiera que a la Junta de Andalucía le corresponde velar por la adecuada conservación de los lugares de la Red Natura 2000 ubicados en Andalucía, desde la Consejería competente en materia de medio ambiente "se habían dirigido al Ministerio significando la necesidad de iniciar los trámites necesarios para evaluar conjuntamente las afecciones".
La Junta ya informó en su día de la suspensión de la tramitación de los procedimientos relacionados con las autorizaciones de carácter ambiental de competencia autonómica y que son previos a la aprobación definitiva de los proyectos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en tanto no se dispusiera de los resultados del análisis conjunto.
El proyecto de Gas Natural, que se prevé comience en 2016 y cuente con una inversión de 200 millones de euros, tiene dos fases: en una primera, la compañía extraerá el gas que aún queda en los yacimientos, calculado en 7.000 GWh y en la segunda, el yacimiento volverá a tener su función original de almacén natural de gas.
