La exalcaldesa socialista y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Pilar Sánchez, declaró ayer durante el juicio del ‘caso asesores II’ que “jamás se pactaban contratos en el ámbito de la Alcaldía”, pues estos llegaban a su mesa “hechos y supervisados”, con “la propuesta hecha y su consignación presupuestaria, dando fe de que estaban ajustados a derecho”. Rechazadas las cuestiones previas de las defensas en busca de la nulidad de la causa, y después de que la acusación popular aclarara los “defectos” detectados en cuanto a los delitos y penas de cárcel imputados a los procesados, le tocó a la exalcaldesa romper el hielo y narrar durante una hora ante el tribunal su gestión en materia de contratación a partir del año 2005.
Sánchez, que está acusada de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por cinco presuntos casos de ‘enchufismo’ en la contratación de asesores y personal de confianza, negó desde el principio cualquier relación “de amistad y personal” con los contratados, que también se sientan en el banquillo de los acusados junto a un técnico del Serjil, organismo que participó en la preselección de tres de los cinco contratos.
La exalcaldesa, que no contestó a las preguntas de la acusación popular que ejerce el también exalcalde Pedro Pacheco -su letrado Juan Pedro Cosano apuntó luego a que ello suponía “correr un riesgo innecesario”- fue tajante al afirmar que no intervino “de ninguna manera en ningún proceso de selección” y que cuando los contratos llegaban a su mesa comprobaba que tuvieran consignación presupuestaria por parte de la Intervención y el visto bueno del secretario general del Ayuntamiento.
De igual manera, insistió en que “no llamé nunca ni a ningún técnico ni a ningún delegado (que son los que solicitaban la plaza y el perfil necesario) para contratar a nadie”, y aprovechó para lanzar dardos envenenados a su exsocio de Gobierno, al que ni siquiera mencionó por su nombre sino como “la persona que me acusa”. En este sentido, explicó que en 2005, cuando llegó a la Alcaldía (hasta 2007 gobernó en coalición con Pacheco por el pacto PSOE-PSA), ”cada tres o seis meses tenía que dar continuidad a 500 contratos de personal eventual de la anterior etapa”. Defendió también que las firmas diarias de contrataciones en su mesa eran “numerosísimas” y que “no tenía que dudar que aquello no estuviese ajustado a la ley” ni “nunca tuve un informe en contra” que le advirtiera de lo contrario. “Si lo hubiera visto, no hubiera firmado”, agregó. Respecto a los dos contratos de “alta dirección” para asesores firmados en 2005 y 2006 (sin proceso de selección) para Francisco Gil y Rosario Cano -también imputados por esta causa-, subrayó que ambos tenían”toda la capacidad y la solvencia” para desarrollar su trabajo. Precisó que ambos eran funcionarios (de otras administraciones públicas) y, por tanto, “no contraté a ningún parado para venir al Ayuntamiento”.
Militantes de ‘otra familia’
Sobre los tres contratos laborales suscritos a través de una preselección en el Serjil, relató que tanto la que luego sería su delegada de Medio Ambiente África Becerra, contratada en este caso como “técnico de Medio Ambiente”, como Rubén Pérez, contratado como delineante, ambos imputados y militantes del PSOE, formaban parte de “otra familia” del PSOE “con otras sensibilidades” y en el caso de Pérez “de la parte más crítica”. Extremo que este último negó. Sánchez dijo incluso que cuando a posteriori se enteró que había sido contratado “personalmente, no le gustó” la idea, al margen de que el procedimiento de selección “fuera legal”.
Respecto al tercero, el de Dolores Caravaca, también procesada y a quien se le hizo un contrato como “agente de dinamización social”, tras pasar la selección , dijo que “no era una persona significativa en el partido” aunque sabía que estaba vinculada al movimiento asociativo. Caravaca, por su parte, llegó incluso a afirmar al final de su intervención que tenía “bastantes discrepancias”con Sánchez. La vista se reanuda hoy con la declaración de los dos imputados pendientes de declarar, Gil y Cano, beneficiarios de los contratos de alta dirección, y los testigos, entre los que está citado Pacheco, propuesto por acusación y las defensas y al que se podría llegar a renunciar.
El técnico del Serjil cumplía “órdenes”
Este martes también declaró José María Martínez, el técnico municipal del Serjil al que le ha salpicado esta causa por participar en la preselección de los contratos y firmar los expedientes “por orden de la jefa de departamento”. Martínez, que fue el único que sí contestó también a la acusación popular ejercida por Manuel Hortas, negó ante el tribunal que recibiera “presiones”, descartando que hubiera ejercido cualquier función como “directivo” ni percibiera un “sobresueldo” por su cometido.
Tras describir la intensa actividad del Servicio de Inserción de Empleo de Jerez en 2005, fecha en la que se inscribieron 1.200 ciudadanos, explicó la dinámica de esta agencia y confirmó haber realizado entrevistas a los tres contratados (por Caravaca, Becerra y Pérez) después de que estos se apuntaran a las ofertas de empleo lanzadas. En el caso de Caravaca, lo hizo sólo dos días antes, y para Hortas el que se le avisara para un puesto (para el que fue seleccionada) que no iba en su ficha de empleo que constaba en el Serjil ya denota que “no se hicieron las cosas como se deberían hacer”, manifestó.
La acusación rebaja las penas de cárcel
La acusación concretó este martes la calificación de los tres delitos y las penas tras las confusiones denunciadas el pasado lunes. Sumando los tres delitos de los que se imputan, para Sánchez serían 18 años y dos meses de prisión, para el técnico 4 años y para el resto 4 años y medio.
